Cinco colectivos denuncian ante la UE las inmatriculaciones de la Iglesia

Cinco colectivos ciudadanos y comunidades cristianas anunciaron ayer que acudirán al Parlamento Europeo para evitar que la reforma de la Ley Hipotecaria, aprobada ya por el Congreso de los Diputados, valide las inmatriculaciones [inscripción en el Registro de la Propiedad por primera vez] realizadas en España por la Iglesia católica. Más de 4.500, entre ellas la de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

“Presentaremos primero una denuncia ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y pediremos el apoyo de los grupos políticos españoles en Bruselas porque nuestra pretensión es agotar la vía política antes de iniciar la jurídica”, afirmó ayer una representante de Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos.

“La reforma elimina el privilegio que la dictadura franquista concedió a la Iglesia católica para registrar inmuebles como si fuera una Administración pública, pero consiente la usurpación ya realizada de miles de bienes de toda índole, con especial gravedad los de naturaleza pública y pertenecientes al patrimonio cultural, arquitectónico e histórico-artístico del Estado”, dice un comunicado enviado ayer por las plataformas Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos, Defensa del Patrimonio Navarro y los colectivos Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares.

Las asociaciones exigen que se devuelvan los bienes registrados por la Iglesia

“Estamos convencidos de que la desaparición de este privilegio no significa que los miles de bienes usurpados queden convalidados. Es decir, no dejan de ser inconstitucionales las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica al amparo del precepto franquista. Y, en la mayoría de los casos, practicadas en fraude de ley y abuso de derecho al apropiarse de bienes públicos, y en muchísimos casos sin condición religiosa como plazas, locales comerciales, viviendas, solares, caminos o monumentos de la dimensión de la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla”, afirma el comunicado.

La Ley Hipotecaria española, de 1946 y que acaba de ser reformarda, permitía a la Iglesia católica actuar como registrador público inscribiendo a su nombre bienes que no están a nombre de nadie.

“Esta reforma del Gobierno del PP, permitida con la pasividad del PSOE, ha cortado la vía directa para que se pudiera declarar la inconstitucionalidad del artículo 206.1 y solventar de una vez el problema. Eliminar este privilegio sin resolver cómo recuperar los miles de bienes expoliados, además de la indefensión que genera a la ciudadanía, tiene un coste social incalculable”, añaden las asociaciones.

Los colectivos agradecen a los grupos políticos IU, ICV, Compromis, Amaiur y Geroa-Bai el apoyo que prestaron a la propuesta que presentaron el pasado enero ante el Congreso de los Diputados para que se declararan inconstitucionales los artículos que permitieron las inmatriculaciones, aunque no consiguieron las 50 firmas de diputados necesarias para que su propuesta llegara al Tribunal Constitucional. Las plataformas y las asociaciones cristianas critican también la postura del PSOE que no firmó el documento.

“Ante esta deplorable situación, nos vemos obligados a acudir a instancias europeas, donde la separación Iglesia–Estado es una realidad política consolidada y no una ficción, y quizás los partidos mayoritarios tengan menos ataduras confesionales y electoralistas que en España”, concluyen los cinco colectivos.