Ribó renombra la autoridad contra la tortura para eludir el veto del TC

Cuando a principios de marzo pasado el Tribunal Constitucional anuló algunas de las competencias del Síndic de Gregues en materia de tortura, Rafael Ribó aseguró que su gestión en ese campo continuaría. Sin embargo, aceptó que tendría que hacer modificaciones para eludir el veto. Por ejemplo, cambiar la denominación bajo la cual realiza la vigilancia sobre tratos inhumanos en el territorio catalán. El Diario Oficial del Generalitat de Cataluña (DOGC)publicó ayer la disposición donde se hace oficial el nuevo nombre: Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura y de otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El cambio entre la denominación nueva y la vieja es sutil, pero de trasfondo internacional. Lo que se modifica es la primera palabra, que antes era “Autoridad”. El alto tribunal consideró que llamarla de esa manera invadía una competencia estatal. Cuando el exdefensor del pueblo Enrique Múgica presentó el recurso, en 2010, argumentó que el Gobierno central era el único autorizado para hacer cumplir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ratificado por España en 2006.

Dicho texto especifica que los Estados parte “mantendrán, designarán o crearán” mecanismos para la prevención de la tortura, que tendrán que ser independientes. Respecto a los mecanismos designados, estipula el mismo protocolo, pueden proceder de entidades descentralizadas, siempre con el visto bueno del Gobierno central. El Tribunal Constitucional entiende que es el Estado el que tiene que hacer dicha designación y que es la Defensoría del Pueblo el mecanismo nacional natural.

El Estatuto de Autonomía delega en el Síndic de Greuges la lucha contra el trato inhumano. De hecho, Ribó invoca la máxima ley catalana en la disposición publicada en el DOGC para “estructurar las funciones” del mecanismo. De ahí que se aclare que las labores se desarrollarán mediante el equipo de trabajo del Síndic de Greuges para la prevención de la tortura y de un consejo asesor en esos temas. “No creo que nadie diga que es inconstitucional el trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo, como lograr que se instalen cámaras en las comisarías o se usen libros de registro de detenciones”, aseguró Ribó el pasado mes de marzo.