Calparsoro lamenta la falta de Policía adscrita a la Fiscalía para corrupción

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha asegurado que la "principal traba" para afrontar la corrupción en Euskadi es la falta de una Policía judicial adscrita a la Fiscalía. Además ha advertido de que la sociedad pide "el mayor celo" en la prevención y castigo de este tipo de delitos, sean "menores o no que en el resto del Estado".

En declaraciones a Europa Press, Calparsoro ha manifestado que el principal obstáculo para investigar los asuntos relativos a la corrupción en el País Vasco es "no contar con unidades propias de policía judicial adscritas a la Fiscalía".

"Es imprescindible reforzar la dependencia funcional de la policía judicial con la Fiscalía en todos los campos, pero especialmente en este de la corrupción, en el que la dirección de las investigaciones por los fiscales es fundamental", ha manifestado

Según ha afirmado, Euskadi está lejos de situaciones como las de Cataluña, donde la Fiscalía Provincial de Barcelona cuenta con 27 policías adscritos para investigar los delitos.

El fiscal vasco ve "intereses políticos" en algunas demandas judiciales

Otras "trabas" son la inexistencia, "en ocasiones", de cauces de comunicación "rápida y flexible" con las distintas Administraciones o las "dificultades" para acceder a informaciones y bases de datos económicas, contables y mercantiles, así como "el no contar con peritos expertos que nos puedan apoyar en las investigaciones".

Además, ha considerado preciso "mejorar la formación teórica y práctica" de los fiscales encargados de estas investigaciones, "dada la complejidad de los asuntos que se analizan".

Desde la Fiscalía, según ha indicado, se ha sugerido la creación de un órgano "especializado e imparcial", al que podrían dirigirse quienes contratan con la Administración y funcionarios públicos, "de canalización y análisis de los hechos con posible ilicitud relacionada con la corrupción".

En su opinión, "en la medida en que coordine los asuntos de todo Euskadi", la sede de la fiscalía anticorrupción podría radicarse, indistintamente, en Vitoria, Bilbao o San Sebastián.

No obstante, ha valorado que "actualmente y aun sin contar con un fiscal anticorrupción, como existen en otras comunidades autónomas", los fiscales vascos "investigan y ejercen la acusación de estos delitos con el mayor rigor del que somos capaces".

Calparsoro se ha mostrado convencido de que, en ocasiones, se recurre a los tribunales por "intereses políticos" con el objetivo de "atacar al adversario", y ha destacado que "la prueba es que se actúa contra el adversario y por hechos con el mismo significado no se actúa contra el correligionario". No obstante, ha indicado que la Justicia debe estar "preparada" para "rechazar querellas o denuncias infundadas" porque "independientemente de la motivación del que recurre a los tribunales", se debe actuar "con imparcialidad y en base a pruebas objetivas".

También ha afirmado que las comparaciones de casos de corrupción en Euskadi con otras Comunidades en las que este tipo de causas son numerosas pueden llevar a "adoptar una actitud de autocomplacencia" que en éste, como en otros campos, no es buena consejera".