Los juzgados declaran improcedente el despido de 50 trabajadores de Jerez

El gobierno municipal de Jerez ejecutó en septiembre de 2012 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dejó en la calle a 260 trabajadores municipales. Dos años y medio después, tres magistrados de lo social de Jerez dirimen si los despidos, como se exige en la Administración pública, fueron objetivos. Los jueces ya han fallado que 50 despidos fueron “subjetivos y arbitrarios” y los declara improcedentes. Hasta mayo se celebrarán 70 juicios más y se espera el mismo veredicto.

Estas sentencias emitidas por los juzgados de lo social 1, 2 y 3 de la ciudad disparan los costes del expediente de empleo por el aumento de indemnizaciones. Si el gobierno local, que dirige María José García Pelayo (PP), gastó en 2012 un total de 5,3 millones de euros en echar a empleados públicos, se prevé que la “arbitrariedad” en la selección del personal afectado cueste a las arcas públicas otros tres millones más, una cantidad importante en un Consistorio que arrastra una deuda de casi 1.000 millones y que es examinado trimestralmente por el Ministerio de Hacienda al ser uno de los Ayuntamientos intervenido por el Estado y sometido a un estricto plan de ajuste.

Para la ejecución del controvertido ERE, el gobierno jerezano estableció un criterio de edad y fijó la línea divisoria en los 59 años. Los jueces dan por bueno ese criterio que afecta a 134 de los despedidos más cercanos a la edad de jubilación, pero tumba el procedimiento que siguió la regidora Pelayo para elaborar el listado del resto de afectados. Los magistrados dan por acreditado en las más de 50 sentencias ya emitidas que no existe “documento alguno en el que se llevara a cabo valoración personal de cada uno de los trabajadores afectados por el despido ni de los no afectados”. Los jueces afirman que el gobierno local echó a empleados públicos con una valoración “subjetiva, arbitraria y carente de la aplicación de cualquier parámetro objetivo”, es decir, sin valorar el currículo, el tiempo de prestación del servicio, la formación académica para desempeñar un trabajo, ni la competencia técnica ni la polivalencia. Hasta el momento, el Ayuntamiento ha justificado que en una Administración pública se haya despedido a trabajadores sin realizar una sola baremación escrita que determinara con objetividad el porqué un empleado perdía su empleo y otro no, alegando tan sólo que el equipo municipal y órganos de dirección del Ayuntamiento se sentían “amenazados por la presión mediática” y “la tensión” que había en Jerez en esos meses tras el anuncio de la extinción de contratos.

Una vez fallada la improcedencia de los despidos, la alcaldesa podría optar por readmitir a los exempleados o pagarles una mayor indemnización. Aunque, la edil popular ya ha anunciado que se recurrirán todas las sentencias que sean desfavorables para el Consistorio y que, en última instancia, se optará por la indemnización. La contundencia del medio centenar de sentencias desfavorables al Ayuntamiento no ha supuesto un cambio en la posición del equipo de Pelayo. Su portavoz y secretario general del PP en la provincia de Cádiz, Antonio Saldaña, ha calificado las sentencias de “muy normales” en procedimientos laborales y ha reducido los efectos de las resoluciones a un mero “incremento de indemnizaciones”. El TSJA tumbó el ERE en una durísima sentencia en 2013; pero el Tribunal Supremo lo declaró “ajustado a derecho” (ocho jueces votaron a favor y seis en contra) en 2014 tras el recurso presentado por el Ayuntamiento.

Desde 2012 es casi imposible encontrar alguna declaración en la que el gobierno local haya hecho autocrítica de un despido colectivo criticado por jueces, sindicatos y trabajadores. En marzo de 2013, la alcaldesa admitió “un posible error a la hora de designar a las personas que tenían que estar en un ERE”. Ese “posible error” mantiene en la calle a 260 personas y puede costar a la ciudad, sin sumar el gasto en recursos y abogados, otros de tres millones.