ATLL reclama a la Generalitat impagos de Agbar por 45 millones
La compañía alega que ya abona las facturas directamente a las arcas públicas
El conflicto entre Agbar y Acciona por la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) vivió ayer su enésimo episodio. La concesionaria ATLL, que fue adjudicada en 2012 al consorcio liderado por Acciona, anunció ayer que ha “puesto en marcha los procedimientos” legales y ha recurrido a la Generalitat —titular del servicio— para que exija a Agbar 45 millones de euros. Esta cantidad, según ATLL, corresponde a las facturas que Agbar y varias de sus filiales han dejado de abonar desde agosto del año pasado para “desestabilizar y desordenar” el servicio de abastecimiento de agua en alta. Agbar replicó que “no puede pagar a quien no es titular del contrato”.
La batalla por ATLL, la mayor privatización realizada por la Generalitat, se juega en los tribunales, pero también fuera de ellos. El Consejo de Administración de ATLL decidió el pasado 4 de marzo enviar una carta al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, para informarle sobre los impagos de Agbar y pedirle que adopte medidas al respecto. Según esa carta, los servicios de ATLL no están siendo abonados en 66 municipios por parte de empresas participadas por Agbar, que realizan luego el suministro en baja.
En la misiva remitida por el director general de ATLL, Alfredo Gutiérrez-Zavala, la concesionaria denuncia una “campaña dirigida por Agbar” y “ejecutada por las empresas de este grupo” para “desestabilizar” la prestación del servicio como parte de una “estrategia para conseguir el contrato que no ganó en el concurso público” celebrado por la Generalitat en 2012.
Intereses de demora
ATLL lamenta que Agbar haya interpuesto más de 40 recursos administrativos, que desde agosto de 2014 impague las facturas y que administraciones como el Área Metropolitana de Barcelona consideren que esa cuestión le es “ajena”.
ATLL aseguró ayer que Agbar debía 65 millones, de los cuales aún adeuda 45, a los que se añaden 350.000 euros en intereses de demora. Fuentes de Agbar afirmaron, no obstante, que la deuda pendiente es mucho menor, puesto que ingresan las cantidades a “la Administración titular del servicio”, es decir, a la Generalitat, ante las sentencias del Tribunal Supremo. Según dijo Agbar en un comunicado, corresponde a la Generalitat “dirimir qué parte” de los pagos debe ir a ATLL, puesto que “hay conceptos que solo pueden corresponder a quien tenga contrato vigente”.
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