EH Bildu plantea multas de 6.000 euros por atender en euskera

EH Bildu ha presentado una proposición de ley en la que se reclaman sanciones de 6.000 euros para las empresas de telefonía y banca que no garanticen la atención a sus clientes en euskera con el objetivo de que los consumidores euskaldunes vean respetados sus derechos.

El parlamentario de esta coalición soberanista Xabier Isasi ha presentado este miércoles en rueda de prensa esta proposición de ley que pretende subsanar la baja efectividad, que según ha dicho, tiene el decreto de 2008 sobre los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios vigente en la actualidad.

Isasi ha recordado que hace un mes el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, presentó en el Parlamento Vasco el análisis sobre los resultados de ese decreto y a su juicio quedó en evidencia que esa normativa "no sirve" para garantizar los derechos de los consumidores euskaldunes.

Ha explicado que por ejemplo en el ámbito del comercio el índice de cumplimiento de ese decreto destinado a garantizar la atención al público tanto en euskera como en castellano no supera el 25 %. Por ello ha abogado por contar con una ley única, de aplicación en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que garantice la comunicación en los establecimientos colectivos y establezca plazos para adaptarse en función del tamaño de las empresas.

Así en la proposición de ley presentada se pide que a los establecimientos de más de 50 empleados se les de un plazo de un año para garantizar la atención en euskera; los que tengan de cinco a cincuenta trabajadores en plantilla dispondrían de dos años, y cuatro los que tengan menos de cinco empleados. Ha insistido en que la aplicación de esta ley tendrá que completarse en decretos posteriores con un "grado de flexibilidad" adaptada a las circunstancias de cada territorio, porque según ha reconocido, no es lo mismo un establecimiento ubicado en San Sebastián que en Vitoria.

"La ley debe ser flexible pero también rigurosa", ha añadido Isasi, quien ha explicado que para las compañías telefónicas y entidades financieras se propone una sanción de 6.000 euros si en dos años no ofrecen a sus clientes la posibilidad de ser atendidos en euskera.

Esta misma sanción económica se propone para las empresas de energía eléctrica y gas que no remitan sus comunicaciones por escrito en euskera o, al menos, en euskera y castellano en el plazo que se determina en la proposición de ley.

Las cuantías que se recauden por esta vía se invertirían en actividades de normalización del euskera. En la iniciativa también se regula el etiquetado de los productos y se insiste en que toda la información que figure en ella deberá ofrecerse "al menos en euskera". Además se señala que una vez extinguido el plazo fijado para cumplir con la normativa el producto que no la cumpla sea "retirado del mercado".

También recoge crear un "sello de compromiso lingüístico" que identifique a los establecimientos y empresas que voluntariamente asumen su compromiso de atención escrita y oral con la lengua que elija la persona consumidora.