Un desastre urbanístico con historia

Esta es la historia de un desastre. De una calamidad para el Ayuntamiento de Ronda (Málaga, 36.208 habitantes), para los promotores del proyecto (por lo menos, para los últimos) y para el entorno natural. Es un relato con varios actores, donde casi todos pierden, que tiene al urbanismo como hilo conductor y en el que supuestamente hubo “maleabilidad” del procedimiento administrativo, trámites “esenciales incumplidos” y decisiones “incoherentes”, como concluyó en 2011 el Instituto Andaluz de Criminología, de la Universidad de Málaga, tras estudiar el caso.

Es un ejemplo, en opinión de esta investigación académica, de cómo los poderes públicos pueden, a veces, adaptarse al interés privado por encima de criterios de sostenibilidad socioeconómica y medioambiental.

Es la historia de Los Merinos Norte, cuyo plan de desarrollo ha enterrado el Tribunal Supremo tras dos décadas de trámites y denuncias. El origen de este proyecto faraónico, sobre cerca de 800 hectáreas en la zona de transición de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, está a principios de los 90 del siglo pasado, cuando llegaron los primeros compradores para hacerse con un suelo destinado a la agricultura y la ganadería. Desde entonces, la finca ha cambiado de propietario, al menos, media docena de veces. La última, hace solo unos meses. El dueño es ahora el Banco Popular (a través de su inmobiliaria Adisela) tras acogerse la constructora Copisa, anterior propietaria, a las ventajas financieras de la ley de reestructuración de deuda impulsada por el Gobierno.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda aprobado en 1994, aún vigente, convirtió este suelo en urbanizable. No hay que perder de vista la ubicación: plena serranía, en un área considerada de alto valor ecológico. El plan parcial para su ordenación (con 783 viviendas, un complejo hotelero, dos campos de golf y un club de hípica) recibió luz verde en 1995 de la Comisión Provincial de Urbanismo, dependiente de la Junta, aunque no entró en vigor hasta su publicación 10 años más tarde en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El Supremo ha confirmado ahora su nulidad, decretada en 2012 por el TSJA tras los recursos promovidos por Silvema Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, una pequeña localidad (1.670 habitantes) vecina a Ronda que vio cómo el macroproyecto ponía en peligro sus provisiones hídricas y las de otros pueblos de la comarca. Los tribunales le han dado la razón.

“¿Cómo lo resumo yo?”, duda un ecologista activo contra Los Merinos cuando se le pide que haga memoria. Reconoce que a principios de los 90 estaban aún “verdes” para plantar cara a lo que consideraban un urbanismo feroz contra el ecosistema, pero a partir de 2005, cuando el plan parcial fue efectivo, se inició una verdadera lucha para intentar frenar el proyecto que ha dado sus frutos, pero a costa de mucho desgaste personal. Después de que el proyecto de urbanización se aprobara en 2006, con Antonio Marín Lara en la alcaldía (fue detenido en 2011, ya fuera del sillón municipal, por el caso Acinipo contra la corrupción), la promotora y otros grupos afines iniciaron una campaña contra quienes criticaban la actuación urbanística.

Este ecologista fue denunciado en siete ocasiones y compareció cinco veces para declarar en un juzgado. Todo fue archivado. Otra media docena de personas recibieron querellas, incluida la exalcaldesa de Cuevas del Becerro, Isabel Rosado. También se actuó judicialmente contra tres extranjeros, entre los que estaba Alastair Boyd, residente en la zona y padrastro del conocido escritor británico Martin Amis. “Fue terrible”, recuerda el conservacionista. La promotora de Los Merinos justificó estas acciones en el perjuicio que causaban al negocio por la huida de posibles clientes.

La relación de Ronda con el urbanismo ha sido siempre complicada. “Esto es un desastre”, ilustra una persona que conoce el desarrollo del municipio de las últimas dos décadas. En Los Merinos no se ha levantado ni una casa, pero la urbanización de las calles está hecha (sin asfaltar) y una fuente de Club de Campo de Golf de Ronda, la promotora del complejo (la que ha ido cambiando de manos), sostiene que estos años se ha hecho una inversión de 120 millones de euros: en papeleo, obras y pagos al Ayuntamiento por los aprovechamientos urbanísticos.

Esos trabajos de urbanización arrancaron en 2006 y fueron paralizados a mediados de 2008, pero no por orden de un juzgado, sino por la dureza de la crisis. Hay más curiosidades alrededor de Los Merinos. El documento de avance del PGOU fue presentado en 1990 por el entonces consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Jaime Montaner. Arquitecto de profesión, 15 años después participó en la elaboración del plan de urbanización. El desarrollo de Los Merinos ya es historia. Pero no hay que olvidar que el PGOU de Ronda sigue contemplando ese suelo como urbanizable.