El Instituto Andaluz de Criminología defiende el uso terapéutico del cáñamo para enfermos de sida o cáncer

El Instituto Andaluz de Criminología (IAC) aboga por el uso terapéutico del cáñamo para enfermos de sida y cáncer, tal y como ya se utiliza en países como el Reino Unido o Estados Unidos. El IAC defiende su viabilidad legal en el marco del actual Código Penal español, según se postula en un informe jurídico publicado parcialmente en el Boletín Criminológico del Instituto.Según este informe, elaborado por varios profesores de Derecho de la Universidad de Málaga y coordinado por el director del IAC, José Luis Díez Ripollés, el uso terapéutico del cáñamo no constituiría el delito de tráfico de drogas previsto en el artículo 368 del Código Penal, siempre que se excluyera "toda posibilidad de difusión de tal sustancia más allá del destinatario concreto para el que está indicada médicamente". Para ello, habrían de respetarse los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para dejar impune la donación de drogas, entre las que se encuentra que el destinatario sea un enfermo con síntomas para los que esté indicado médicamente el cáñamo, y que esta droga se le suministre directamente, evitando así la posible difusión a terceros.

El informe concreta las posibilidades legales de utilización del THC -principio activo del cáñamo- incluido dentro de las sustancias que legalmente pueden ser dispensadas en oficinas de farmacia mediante prescripción por receta médica.

Para la administración de la droga el IAC propone la creación de establecimientos donde se observen las condiciones requeridas por la jurisprudencia para considerar que se trata de consumo compartido y no de tráfico de drogas, como el evitar una difusión indiscriminada.

De este modo, el informe sugiere que estos centros deberían ser locales cerrados al público, cuya entrada estaría sólo permitida a consumidores habituales de cáñamo, y que la cantidad de droga que se adquiriera y tomara no podría superar el límite de lo que se considera un consumo normal, y que el enfermo debería tomar en el mismo local.

Además, la iniciativa debería orientarse hacia la mejora del ambiente social, con el fin de reducir el daño asociado al consumo de cáñamo, facilitando a los consumidores habituales un lugar seguro, y disminuyendo los riesgos de adulteración.

En contra de la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, el IAC defiende que los enfermos deberían abonar "una pequeña contraprestación" al adquirir la droga, con el objeto de "exigir un esfuerzo económico en el consumidor habitual que suscite un descenso de las ocasiones en que decida consumir". El informe apunta que esta remuneración "no debe ser tan alta como para hacer de nuevo atractivos la adquisición y consumo callejeros".