Los Merinos, urbanismo maleable

La preferencia de los poderes públicos por el desarrollo económico a ultranza les hace en ocasiones satisfacer intereses privados por encima de los objetivos de sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, orillando incluso los condicionantes que imponen las leyes administrativas. Así cree el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) que ha ocurrido en el polémico proyecto urbanístico de Los Merinos Norte en Ronda (Málaga), una urbanización con 783 viviendas de lujo, complejo hotelero, dos campos de golf y clubes hípico y de tenis, en un paraje de ocho millones de metros dentro del área de transición de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

El Consistorio ha tenido "sintomática diligencia" en allanar las trabas

Montaner, consejero que avaló el PGOU, ha hecho el plan de urbanización

Una investigación sobre el macroproyecto de Los Merinos realizada por este instituto concluye que "hay numerosos indicios de que los grupos empresariales cuentan con la capacidad de influencia suficiente para sacar adelante el proyecto frente a gran número de contratiempos y de que éste se diseña, se proyecta en una determinada ubicación y se desarrolla de acuerdo con las autoridades, contando con que el planeamiento urbanístico se acomodará a sus necesidades de ejecución".

El estudio coordinado por el director del centro, el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés ha desvelado numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. Y pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales. Critica, por ejemplo, que la juez de lo contencioso-administrativo Asunción Vallecillo primó el interés particular al negar la paralización cautelar de las obras de urbanización, en el recurso que puso la Junta contra el permiso concedido por el alcalde de Ronda, el socialista Antonio Marín Lara, que autorizó un movimiento del terreno superior al permitido en el Impacto Ambiental y cuando el proyecto tiene denegado el suministro de agua.

Por esta licencia hay abierto también un procedimiento penal tras una denuncia de Izquierda Unida. Las obras están paralizadas desde abril de 2008 pero por decisión voluntaria de la promotora ante la crisis económica.

Al Instituto de Criminología le llama la atención la "sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos", y pone de ejemplo que cuando se denegó por segunda vez el permiso para obtener agua del acuífero subterráneo del paraje, el Ayuntamiento se comprometió mediante convenio con la promotora a construir una conducción de agua desde el casco urbano a la urbanización, que dista 12 kilómetros.

El IAIC considera que ha habido una "maleabilidad" del procedimiento administrativo, con "trámites esenciales incumplidos" y decisiones "incoherentes" cuando no "contradictorias". Por ejemplo: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1994 declaró Los Merinos suelo urbanizable y, por tanto, obligaba a modificar el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga aprobado en 1987 en el que era complejo serrano, y pese a que este se publicó 20 años después, en 2007, no se incluyó el cambio. O que se aprobara al Plan de Actuación Urbanística del paraje en 1992, dos años antes del PGOU, que es el documento general que le sirve de base (es como aprobar el reglamento de una ley antes que la ley).

La investigación no encuentra argumentos suficientemente justificados para que un paraje con las condiciones ambientales de Los Merinos, catalogado como complejo serrano y aislado, a 12 kilómetros del casco urbano, fuera considerado suelo urbanizable no programado en el PGOU de 1994. Algo así es imposible desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2003.

Curiosamente, el documento de avance del PGOU fue presentado en 1990 por el entonces consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Jaime Montaner, cuando ya Golf and Country Club Ronda había comprado el suelo de Los Merinos con el propósito de levantar una urbanización. Montaner, arquitecto de profesión, fue 15 años después coautor del plan de urbanización que tiene impugnado la Junta.