El fiscal especial anticorrupción lo nombrará Calparsoro antes del verano

No será una fiscalía delegada de anticorrupción, sino una especial formada por uno o dos miembros y nombrados, no por la Fiscal General del Estado, sino por el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro. Esa parece ser la vía elegida para dar agilidad a la puesta en marcha del ministerio público especializado en Euskadi en casos de corrupción y delitos económicos, habida cuenta de que ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción tienen entre sus prioridades ampliar la red de delegaciones. 

Fuentes del máximo órgano del ministerio público, que ha creado delegaciones para luchar contra la corrupción en Baleares, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Valencia, Sevilla, Castellón, Alicante, Almería, Cádiz, Murcia y Barcelona, se inclinan por una vía “más autonómica y dependiente del Fiscal Superior y no del Fiscal anticorrupción” para Bilbao.

Una fórmula, que según aseguran estas fuentes será igual de efectiva en la lucha contra ese tipo de casos, puede ser nombrada con más agilidad y dispondrá de estructura asociada.

Los fiscales que nombre el Fiscal Superior vasco podrían estar operativos antes del verano, y dispondrían, a priori, de la misma estructura y especialización que los que se podrían nombrar desde la capital de España.

La diferencia es que los nombrados por Calparsoro no sumarán nuevos miembros a la plantilla actual, serán nombrados entre la plantilla de fiscales que ya están trabajando en Euskadi.

Todas las fuentes consultadas insisten en que el crecimiento de casos y de imputados por ese tipo de delitos hace cada vez más necesaria la puesta en marcha de un organismo de ese tipo. El reciente auto de procesamiento de 26 personas en el caso denominado De Miguel, el caso Hiriko, o el de la exalcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, y que se suman a otros muchos, han puesto de manifiesto que se trata de una demanda social.

Es cierto, además, que cada vez son más las denuncias que asociaciones, partidos y ciudadanos, trasladan a la fiscalía para que investigue posibles implicaciones penales.

La memoria de la fiscalía vasca de 2013 permitió detectar un incremento de las denuncias de los ciudadanos en presuntos delitos de corrupción. Fuentes de la propia fiscalía creen que el impulso que se dio a la investigación y a la lucha contra la droga en Euskadi cuando Javier Huete se puso al frente de la Fiscalía Antidroga, es un ejemplo.

Entre los Fiscales delegados más conocidos, nombrados por el anterior Fiscal General Cándido Conde-Pumpido, se encuentran Juan Carlos López Caballero, que llevó los casos Malaya y Ballena Blanca, en Marbella, y actualmente es el Fiscal Jefe de Málaga, y Pedro Horrach y Juan Carrau, Fiscales delegados anticorrupción de Baleares, que han llevado los casos Noos y Palma Arena, en Mallorca.

En Euskadi, el caso más sonado lo ha llevado el fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre, el denominado caso De Miguel, aunque hasta ese momento el que más ríos de tinta hizo correr fue el procesamiento del ex jefe de la inspección de tributos de la Diputación Foral de Bizkaia, Juan Ramón Ibarra, condenado en segunda instancia y que llevó la fiscal de Bizkaia, Carmen Adán.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado explican que los nuevos fiscales dedicados a luchar contra la corrupción y contra los delitos económicos en Euskadi, no podrán ser nombrados entre los jefes provinciales.

La creación en la fiscalía del País Vasco de una sección especializada no es incompatible con el nombramiento en el futuro de un fiscal delegado. En ese caso el nuevo se integraría en dicha sección.

El futuro equipo vasco anticorrupción estará compuesto por esos dos fiscales, dos o tres peritos especializados en temas económicos, y seguramente tres agentes adscritos como policía judicial.

En el acuerdo para la dotación de medios materiales que la fiscalía vasca tendrá que negociar con el departamento de Justicia del Gobierno vasco, ese puede ser uno de los principales puntos de fricción ya que supone cambiar el actual concepto de las investigaciones judiciales.

Hasta ahora, Interior asigna a los ertzainas a la fiscalía o juzgado que lo demande, mientras que tener dos o tres agentes bajo su jurisdicción y no bajo la tutela del Gobierno vasco, le daría mucha más estabilidad. “Las investigaciones serían más rápidas y certeras con agentes adscritos a la fiscalía”, sostienen fuentes del ministerio público.