Valor duda sobre la instalación de un centro comercial junto a Ikea

Ni el alcalde de Alicante, Miguel Valor, tiene claro que la Actuación Territorial Estratégica impulsada por el Consell en Alicante para traer una tienda Ikea y 125.000 metros cuadrados de un macrocentro comercial vaya a ser buena para Alicante. El regidor señaló ayer que su postura está cercana a la de los comerciantes alicantinos, que reniegan de este nuevo centro enclavado en el plan urbanístico más polémico de los últimos años.

No solo contempla urbanizar 2,4 millones de metros cuadrados del extrarradio alicantino, sino que su origen está judicializado a través del caso Rabassa. Los comerciantes creen que acabará con el comercio tradicional de la ciudad. No están a su favor ni las grandes superficies, ni el Corte Inglés.

En este contexto, el Ayuntamiento y más de 20 asociaciones de comerciantes se reunirán el próximo miércoles en la Cámara de Comercio para acordar una postura conjunta. En un principio, Consistorio y comercio caminarán juntos bajo el lema Ikea sí, centro comercial, no. Tienen 45 días desde hoy para presentar alegaciones.

Desconfianza

 Los comerciantes, no obstante, abordan el encuentro con desconfianza. El alcalde no ha cumplido con su hoja de ruta, que pasaba por reunirse con Ikea, hecho nunca ocurrido. Tampoco se ha presentado un informe de impacto al consejo de comercio local, como ha pedido el sector y UPyD. “Nunca hemos dado un cheque en blanco al Ayuntamiento”, recordó Domingo Martínez, de Comercio por Alicante. “Si esto es lo que pretendían al hablar de comercio sostenible no están acertando”, apuntó desde el colectivo Corazón de Alicante su presidente Vicente Armengol.

El candidato a la alcaldía por el PSPV-PSOE, Gabriel Echávarri, mostró su desacuerdo con el plan y advirtió de que “puede ser ilegal”. El concejal de EU-IU, Miguel Ángel Pavón fue más allá al asegurar que si el Consell aprueba la ATE irán a los tribunales al tratarse de “un pelotazo” urbanístico nacido con el caso Rabassa, actualmente en los tribunales y por el que están imputados los dos exalcaldes del PP alicantino, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, además del mayor constructor de la provincia, Enrique Ortiz. Supuestamente amañaron el urbanismo de la ciudad para que el empresario pueda dar un pelotazo urbanístico.