Renuncias y corrupción obligan al PP a renovar candidaturas locales

Con un inmenso poder municipal, el PP, que gobierna en más de la mitad de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, ha optado por realizar solo los cambios imprescindibles en sus candidaturas municipales. Las renuncias de algunos alcaldes, que llevaban muchos años en el cargo, y los escándalos de corrupción que han acabado con los dirigentes locales han sido los detonantes de la renovación en las candidaturas.

Ayer los comités electorales del PP oficializaron los cabezas de cartel de los municipios de más de 50.000 habitantes y seguirán hoy con los mayores de 20.000 sin grandes sorpresas. En la provincia de Alicante los principales movimientos se registraron en Orihuela, donde la dirección provincial que lidera José Ciscar rompe con todo aquello relacionado con sus últimos años de gobierno en una ciudad que se ha visto inundada por la corrupción del caso Brugal. Los populares empezaron la legislatura con la derrota de su última alcaldesa, Mónica Lorente, y la imputación de la mitad del grupo municipal y la acaban habiendo expulsado a la presidenta local Pepa Ferrando del partido y presentando como candidato a Emilio Bascuñana. El nuevo alcaldable popular, de 57 años, es director del Hospital de La Vega Baja y asume el reto de intentar recuperar el poder con una estructura partidaria deshecha.

En Benidorm, la sorpresa es que el actual portavoz municipal, Toni Pérez, será el candidato, después de que la dirección regional del PP se comprometiese a apoyar a Gerardo Camps, diputado estatal y exvicepresidente económico de Francisco Camps, durante dos legislaturas. En Novelda, donde el PP también se ha roto por la negativa de Milagrosa Martínez, procesada en el caso Gürtel, a dimitir, los populares apostarán por el presidente local, Rafael Sáez sin grandes expectativas de mantener el gobierno local.

El exconsejero de Economía Gerardo Camps, descartado para Benidorm

En la provincia de Valencia, Paterna será uno de los grandes municipios que sufran cambios. Tras la renuncia de Lorenzo Agustí, el PP apostará por Elena Martínez, a pesar de que también pesa sobre ella una imputación sobre la supuesta adjudicación irregular de un plan de márketing. No será el único número uno imputado en las listas municipales del PP en la Comunidad Valenciana. Las direcciones provinciales han decidido mantener alcaldes y portavoces como carteles electorales aunque estén imputados, siempre y cuando se trate de un supuesto delito de carácter “administrativo”.

Es el caso también del alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán, imputado por hacer caso omiso de la prohibición de lanzar un castillo de fuegos artificiales que provocó un incendio en su término municipal. El alcalde de Alboraia, Manuel Álvaro, repetirá igualmente pese a estar imputado en varios delitos relacionados con su gestión municipal. Este criterio también se utilizará en la provincia de Alicante. El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, seguirá adelante a pesar de que apareció envuelto en los escándalos de la trama Gürtel y que en la actualidad está siendo investigado por prevaricación junto a todo su equipo de gobierno por no acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y continuar pagando nóminas a 23 funcionarios que ganaron una oposición que decretó nula el juzgado.

El criterio de que los alcaldes sean candidatos permitirá que Amparo Folgado y Óscar Clavell demuestren a María José Català y a Isabel Bonig que no se equivocaron cuando abandonaron las alcaldías de Torrent y Vall d’Uixò, respectivamente, para incorporarse al Consell.