Los ayuntamientos podrán redactar algunos informes solo en euskera

La consejera vasca de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, ha anunciado que el Gobierno vasco introducirá en el artículo 6.2 del proyecto de Ley Municipal de Euskadi, que algunos documentos -actas y decisiones entre otros- se podrán redactar en euskera, y podrán ser remitidos en euskera a otras administraciones, cuando hayan sido redactados en esa lengua.

Este paso dado por el Ejecutivo autónomo tiene el objetivo de incrementar la seguridad jurídica. "Ahora será este Parlamento quien decida si convierte en Ley lo recogido en el proyecto de Ley Municipal", ha indicado.

Uriarte ha hecho este anuncio en una comparecencia parlamentaria solicitada por el parlamentario de EH Bildu Xabier Isasi, con motivo de los recursos interpuestos por la Delegación del Gobierno por remitir las actas de diversas corporaciones locales redactadas en euskera y sin versión en castellano.

La Ley de Bases de Régimen Local establece a los ayuntamientos la obligación de remitir sus actas a la Administración del Estado y a la Administración Autonómica. El problema surgió cuando la Delegación del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma Vasca considera como "no recibidas" las actas remitidas únicamente en euskera y sin versión en castellano, al entender que estas actas "vulneran la ley". Por ello, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra 22 ayuntamientos.

En enero de 2015, la viceconsejería de Política Lingüística recibió un escrito del Ayuntamiento de Beizama, en el que comunica que la Delegación del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma Vasca ha interpuesto recurso 434/2014 en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián, y solicita a la viceconsejería de Política Lingüística se persone en ese proceso judicial.

Baztarrika entiende que el delegado del Gobierno "obstaculiza" el uso del euskera

El Gobierno vasco se ha personado al considerar que se trata de un asunto de "interés general", y más concretamente, tomando en consideración que es la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca quien ostenta la competencia en materia de política lingüística para Euskadi.

El Ejecutivo autónomo ha solicitado al juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián que admita al Gobierno vasco personarse como codemandado en este proceso judicial. Serán los letrados del Servicio Jurídico Central quienes ostentarán la representación y la defensa del Gobierno vasco.

Al margen de lo que resuelvan los jueces y visto que algunas resoluciones judiciales y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca hacen una interpretación, en opinión del Gobierno vasco, "inadecuada, preocupante e injusta" sobre el artículo 8 de la Ley del Euskera", el Ejecutivo Urkullu ha introducido en el proyecto de Ley Municipal de Euskadi un texto que "no deja opción a esas interpretaciones erróneas, más concretamente en el artículo 6.2, expresando muy claramente que algunos documentos -actas y decisiones entre otros- se podrán redactar en euskera, y podrán ser remitidos en euskera a otras administraciones cuando hayan sido redactados en esa lengua".

"Este ha sido otro paso que hemos dado, con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica. Ahora será este Parlamento quien decida si convierte en Ley lo recogido en el proyecto de Ley Municipal", ha manifestado Uriarte.

Por su parte, el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, ha denunciado que la Delegación del Gobierno "hoy no está fomentando el uso del euskera, sino obstaculizándolo". "Cuando obliga a los ayuntamientos a traducir forzosamente al castellano las actas o acuerdos de estos, está fomentando el uso del castellano, y dificultando el uso del euskera", ha criticado.

En su intervención en la misma comisión, Baztarrika ha aseverado que para cumplir el artículo 3.3 de la propia Constitución y la Ley del Euskera, el Estado "está obligado a proteger al euskera, y está obligado a ello también para cumplir la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, en vigor en España desde el año 2001". A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de dicha Eurocarta, es preciso que los poderes públicos desarrollen una "acción positiva" a favor de las lenguas minorizadas.

En opinión del Gobierno vasco, la actuación que la Administración del Estado está llevando a cabo de la mano de la Delegación del Gobierno en la cuestión de la lengua de las actas "no se corresponde" con lo dispuesto por la Eurocarta.

Según ha denunciado el viceconsejero, el fomento del uso del euskera, "no su obstaculización, constituye una obligación de la Administración del Estado, en la misma medida en que lo es de la totalidad de los poderes públicos".

"En la cuestión de las actas, la Delegación del Gobierno hoy no está fomentando el uso del euskera, sino obstaculizándolo. Cuando obliga a los ayuntamientos a traducir forzosamente al castellano las actas o acuerdos de estos, está fomentando el uso del castellano, y dificultando el uso del euskera", ha insistido.

A su parecer, esto, lejos de suponer un "aliciente o impulso para usar el euskera, solo acarrea trabas y dificultades". Además, a juicio del Gobierno vasco "no concuerda" con la legislación.

Desde el momento en que la Delegación del Gobierno de España comenzó a realizar requerimientos e interponer recursos judiciales contra diversos ayuntamientos, el Gobierno vasco contempla esta cuestión con "gran preocupación, sorpresa y total desacuerdo".

A su juicio, lo que la Delegación del Gobierno de España está poniendo en cuestión es la "plena oficialidad del euskera, puesto que, para reconocer valor legal a las actas redactadas en euskera, pide que estas estén acompañadas de su versión en castellano".

"El euskera es oficial sin el báculo del castellano, la oficialidad que se reconoce al euskera en nuestra normativa jurídica es una oficialidad mayor de edad. En nuestra opinión, la actuación que viene fomentando la Delegación del Gobierno en el asunto de la lengua de las actas contraviene ese principio, dado que no reconoce valor legal a las actas redactadas únicamente en euskera, aun siendo esta una lengua plenamente oficial", ha manifestado.

Respecto a la legalidad de las actas redactadas únicamente en euskera, Baztarrika ha defendido su valor legal apelando al Real Decreto 2568/1986 y a sendas sentencias del Tribunal Constitucional de los años 1986 y 2010.

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En su artículos 86.1 se recoge que "Las convocatorias de las sesiones, los órdenes del día se redactarán en lengua castellana o en la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la entidad".

Además, el Ejecutivo rechaza que, como opina la Delegación del Gobierno, el artículo 8 de la Ley del Euskera obligue a los ayuntamientos a realizar las actas, además de en euskera, también en castellano, y a remitirlas en ambas lenguas a otra administración pública sita en la CAPV, en este caso a la Delegación de la Administración del Estado en Euskadi.