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Alonso omite dar la cifra actual del fraude en los cursos de formación

El PP acusa al consejero de Educación de "ocultar" datos al Parlamento

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía se ha convertido esta mañana en el cuadrilátero de la campaña electoral. Ante este órgano ha comparecido el consejero de Educación, Luciano Alonso, a petición de los grupos de PP e Izquierda Unida,  para actualizar los datos sobre la investigación interna abierta sobre las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía desde 2007 hasta 2013 a multitud de asociaciones y empresas para dar cursos de formación. Alonso no ha querido dar en sede parlamentaria el dato de a cuánto asciende el dinero que la Administración andaluza ha pedido en firme que le devuelvan por un uso no justificado de las ayudas públicas. Tampoco lo ha querido facilitar a este periódico cuando se le ha reclamado tras la comparecencia.

Alonso quiebra así su propia guía de actuación en este asunto. Desde que compareció por primera vez en abril de 2014 para dar cuenta de los expedientes analizados, el consejero de Educación ha ido actualizando la información sobre las cantidades de reintegro que la Junta ha pedido a las entidades, que ha ido siempre creciendo conforme se avanzaba en el análisis de los expedientes. La cantidad defraudada empezó con un millón de euros. En septiembre de 2014, aumentó a 17,4 millones; en octubre de ese año, a 19,3; y diciembre pasado, último dato disponible, a 20,8 millones de euros. En los siete años investigados, la Junta de Andalucía concedió 2.326 millones a empresas y entidades para cursos de formación.

El consejero de Educación ha negado que la petición de reintegro implique un "fraude masivo" de dinero público y ha reprochado al PP el querer buscar un titular de prensa. Según sus datos, de los 8.505 expedientes administrativos bajo la lupa de Educación, hay 7.785 que se están tramitando de los que "tan solo", ha dicho Alonso, hay un 8,5%  (661) al que se les ha pedido el reintegro parcial o total de cantidades.

Los socialistas se han mostrado muy críticos con la convocatoria de la Diputación Permanente cuando el Parlamento está disuelto por la convocatoria electoral del 22 de marzo. Los letrados de la Cámara estiman que no cabe ejercer la función de control al Gobierno en estos momentos, pero es la Mesa la que debe hacer caso o no a ese criterio jurídico. PP e IU tienen ahora mismo mayoría en el órgano de gobierno de la asamblea andaluza.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, ha centrado su intervención en que haya sido la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, la que acudiera a informar a la Cámara de los expedientes de formación y lo ha acusado de "ocultar" información. También le ha reprochado que los expedientes que los diputados del PP han revisado en la sede de la consejería "estaban incompletos".

El portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Castro, le ha afeado a Alonso su intervención propia de un "burócrata", ha opinado y también le ha reprochado su reacción "absurda e infantil" por tener que comparecer con la Cámara disuelta. "Esto debería ser un hecho de normalidad democrática y aparecen mosqueados", ha comentado.

El socialista Mario Jiménez ha tachado de "iregular" la comparecencia del consejero porque, según él, los grupos popular e IU han "retorcido" el Reglamento del Parlamento para intentar "contaminar el proceso electoral".