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Entes privados participarán en el plan de Salud de vender datos sanitarios

El departamento asegura ahora que la gestión pública del VISC+ será "transitoria"

El plan del Departamento de Salud para vender datos sanitarios anónimos (VISC+) tendrá finalmente participación privada. Apenas 20 días después de que Salud confirmase que, en vez de externalizar la gestión del llamado big data sanitario, como se preveía al principio, sería el propio departamento el que asumiría todo el control del VISC+, la Agencia de Calidad y Evaluaciones Sanitarias de Cataluña (AQuAS), encargada de impulsar el plan, volvió a desdecirse y reveló ayer que sí entrará capital privado en el proyecto.

El VISC+ ha estado rodeado por la polémica desde que EL PAÍS avanzó un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) sobre los riesgos que, según varios expertos, suponía la manipulación de esta información sensible. El Parlament acabó frenando temporalmente el proyecto y, a finales de enero, Salud sorprendió anunciando que la inversión del plan —en principio pretendía adjudicar la gestión del VISC+ a una empresa privada por 25 millones de euros durante ocho años— sería totalmente pública. Esta medida, pensada para regenerar la confianza perdida de los actores sociales, suponía también acotar los receptores de la información, que pasarían a ser sólo centros de investigación acreditados en Cataluña.

Sin embargo, el consejo de administración del AQuAS decidió ayer que la gestión pública del VISC+ sería “transitoria”, con el fin de poner en marcha el plan “lo antes posible”. El AQuAS pretende arrancar el proyecto sin participación externa y, una vez asentado el plan, dar entrada a capital privado. Para solventar las suspicacias, Salud quiere “que se agilice la emisión” de los informes que están redactando el Comité de Bioética de Cataluña y la APDCAT.

Fondos Juncker

Durante el tiempo de gestión pública, el AQuAS pretende tirar de fondos europeos Feder y otros recursos competitivos. De hecho, la Generalitat ha pedido 16 millones al Fondo Juncker —proyecto que promueve la UE para impulsar la economía— para una operación del VISC+ de 35 millones.

Antoni Trilla, presidente del consejo de dirección del AQuAS, aseguró que no sabe cuánto durará el período “transitorio”, pero advirtió que “lo más prudente es ir a la parte pública de la investigación y revisar los interrogantes que hacían cuestionar el plan”.

 

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