El PSOE sugiere la injerencia de Interior en la precampaña electoral

Al PSOE de Andalucía no le sorprende que actuaciones policiales o de los jueces sobre casos de fraude y de corrupción irrumpan en la campaña electoral. “Desgraciadamente, una campaña en Andalucía [sin esos temas] no sería campaña”, admitió este miércoles el secretario de Organización, Juan Cornejo. Aludía a la nueva fase de la Operación Edu que investiga a 52 empresas y por las que han sido detenidas ya 31 personas. También al último auto de la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, quien el martes imputó a 34 personas —entre ellas tres ex alcaldes socialistas— por recibir ayudas públicas al margen de la legalidad para proyectos radicados en la Sierra Norte de Sevilla.

Cornejo mostró su extrañeza por la actuación protagonizada por la Unidad Central de Delincuencia Economía y Fiscal (UDEF) en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería para investigar el fraude en los cursos de formación. El número dos socialista sugirió que esta operación había sido impulsada desde el Ministerio del Interior. “Me gustaría que estos hechos estuvieran coordinados desde el ámbito judicial o por parte de la fiscalía”, señaló.

El número dos socialista calificó de “chocante” que fuera la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, la que “avanzara los hechos que van a ocurrir”. Crespo, que encabezará la lista del PP por Almería, detalló el martes que la operación policial se prolongará durante 10 días y que las detenciones se elevarán a 90 personas.

El secretario de Organización señaló que este tipo de actuaciones “han estado distorsionando” las campañas electorales en Andalucía y evitó dar una opinión expresa cuando se le preguntó si creía que había una intencionalidad política a la hora de ordenar la operación policial: “Como cualquier ciudadano puedo pensar muchas cosas, pero no las voy a decir”. Cornejo se lamentó: “Estos casos se prolongan en el tiempo, nos gustaría celeridad, nos gustaría conocer la verdad, que el dinero público se devolviera, que pagaran todos los que han cometido irregularidades, que se supiera la verdad cuanto antes”.

Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida reclamaron este miércoles la comparecencia del Gobierno andaluz en la Diputación Permanente del Parlamento. El presidente popular y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno, señaló que su grupo presentará una iniciativa para que sea la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la que explique de manera urgente “todos los casos de irregularidades”. Moreno calificó de “irresponsable” a la socialista porque “no da la cara” cuando “todos sus padrinos en su escalada política están imputados por corrupción, Chaves, Griñán, Viera y Monteseirín”, informa Europa Press.

Izquierda Unida también reclama que Díaz acuda al Parlamento. En principio, el antiguo socio del PSOE no va a registrar una iniciativa en la Cámara, sino que quiere que sea la presidenta de la Junta la que decida comparecer por iniciativa propia ante la Diputación Permanente, según afirmó el candidato de IU, Antonio Maíllo. Este es el primer paso que dará la federación de izquierdas, aunque su voluntad es que la Diputación Permanente se celebre.

La petición de convocar al órgano que vela por los poderes de la Cámara plantea un debate jurídico y político de fondo que probablemente requerirá un dictamen jurídico de los letrados del Parlamento. Al estar la Cámara disuelta, la doctrina consolidada apunta a que no se puede trasladar a la Diputación Permanente debates propios que compete a la función de control de los grupos parlamentarios como sí ocurre en los periodos inhábiles del Parlamento, informaron fuentes jurídicas. Así ha ocurrido cuando se ha planteado en el Congreso de los Diputados.

La cuestión es que cuando el dictamen vea la luz será la Mesa del Parlamento —un órgano político— la que tome una decisión. En la Mesa, los representantes del PP y de Izquierda Unida tienen la mayoría absoluta.