Alaya se revuelve contra la división del ‘caso ERE’ que ordenó el Supremo

La juez Mercedes Alaya, instructora del fraude de los ERE de Andalucía, se ha revuelto contra una decisión el Tribunal Supremo. La magistrada ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que descalifica la decisión de dividir la causa. El pasado noviembre, el Supremo decidió investigar el papel de los cinco aforados en Cortes en el caso, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ordenó, siguiendo el rumbo marcado por la Fiscalía Anticorrupción, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigase a los cuatro exconsejeros autonómicos que están aforados al ser diputados del Parlamento andaluz. Y decidió que la magistrada sevillana siguiese con el resto de la causa, que afecta a decenas de empresas y trabajadores, y que acumula más de 200 imputados.

La magistrada, en el escrito que ha enviado al Tribunal Superior de Andalucía, cuestiona en términos duros la división y sigue en su teoría de que la causa es inescindible. Alaya llega a decir que dividir más la causa es un “absurdo procesal”, por lo que insta al TSJA a asumir toda la investigación, excepto la parte que se encuentra en el Supremo.

Alaya ha caminado en la investigación del caso ERE por el filo de la navaja en varias ocasiones. De hecho, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Audiencia de Sevilla le instaron en varias ocasiones a enviar al Supremo la parte relativa a los aforados, una sugerencia a la que hizo oídos sordos durante meses.

Cuando ya fue inevitable porque estaba acercándose demasiado a los aforados, a los que no puede investigar, la juez decidió remitir una exposición razonada al Supremo con los indicios que ella cree tener contra los aforados. No obstante, en ese mismo escrito la magistrada apuntaba que la causa era inescindible. Para la juez, el fraude de los ERE es una pirámide en cuya cúspide sitúa a la cúpula de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2011 y entre medias están abogados, sindicatos, intrusos, altos cargos o funcionarios.

Anticorrupción le dijo que la causa se podía dividir perfectamente en varias ocasiones, tesis que asumió el Supremo cuando abrió la causa a los aforados en Cortes. El Supremo y el TSJA analizarán la parte relativa a los aforados, en la que se investiga el procedimiento administrativo con el que se pagaban las ayudas (las llamadas transferencias de financiación). La juez debía seguir investigando, según subrayó la fiscalía, la gestión que hizo la Consejería de Empleo del dinero de los ERE, que es donde se ha localizado el fraude. Las transferencias de financiación que Alaya criminaliza son una herramienta presupuestaria común en las Administraciones y fueron refrendadas por el Parlamento andaluz mediante su aprobación en la Ley de Presupuestos de cada año.

En la exposición razonada, la magistrada insiste en que hubo un uso ilegal de las transferencias de financiación y de las modificaciones presupuestarias. Y sostiene que hay indicios para actuar contra los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo. La juez vuelve a insistir en que el uso de las transferencias de financiación permitió un uso discrecional del dinero para repartirlo entre personas próximas a la Junta y al PSOE.