Las entidades piden saber cómo se gastará el dinero del pacto CiU-ERC

El acuerdo de 100 millones de euros para temas sociales y estructuras de Estado que CiU y ERC cerraron el pasado lunes no solo desencalló los Presupuestos de la Generalitat para este año. El anuncio también agitó las aguas en las entidades del tercer sector, que soportan tensiones en sus tesorerías por el impago de conciertos de los últimos meses y que ven en cualquier fuente de ingresos adicional una manera de intentar cuadrar los números. Es por ello que desde diferentes sectores pidieron ayer mayor concreción a los partidos sobre a qué partidas se dedicará el dinero.

El consejero portavoz del Govern, Francesc Homs, respondió ayer, en la rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo catalán, a las críticas que había lanzado la Mesa del Tercer Sector sobre el acuerdo. Àngels Guiteras, la presidenta de la entidad, aseguró el lunes que los 88 millones extras para educación y bienestar social “son un paso adelante, pero demasiado pequeño. La gente sigue sufriendo”.

Homs aceptó que el dinero extra, que proviene de un ahorro en carga financiera del Fondo de Liquidez Autonómica y del Instituto de Crédito Oficial, no es suficiente para subsanar los impagos a las entidades ni para atender a todas las necesidades. “Para pagar al día, de la manera que querríamos, necesitamos una Cataluña independiente o al menos independiente del señor Montoro”, dijo Homs. “Pensar que hay un acuerdo político posible en el Parlament donde se puede resolver la puntualidad del pago quiere decir no conocer cómo funciona esto”, denunció. Ni un euro del fondo se dedicará a Sanidad.

Desde los departamentos beneficiados con el aumento presupuestario no se daba razón sobre el destino del dinero. “Aún se están cerrando cosas”, aseguraban los portavoces. Preguntas similares se hacían las entidades sociales. ¿A qué se dedicarían, por ejemplo, los 17 millones adicionales asignados a la ley de Dependencia? Oficialmente se hablaba de “dependencia” a secas, pero según documentos internos de CiU y ERC, se usarán para la prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEV), como las ayudas para los que pagan una cama en residencias privadas a la espera de una plaza pública. La asignación de PEV de manera universal se cortó de tajo en agosto de 2013 y se reactivó de manera muy limitada el año pasado. Sin embargo, el esfuerzo de 25 millones de euros que ya hizo el Departamento de Bienestar en sus presupuestos se hizo pensando en atender a los 52.000 dependientes de Grado I o leve que entrarán en el sistema de dependencia este verano y para el que el Estado aún no ha presupuestado ninguna partida.

Desde la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) pidien que el fondo extra se dedique a cubrir parte las necesidades de los 7.000 dependientes de grado II o que necesitan permanentemente un cuidador. “Llevan demasiado tiempo esperando una ayuda que les corresponde por ley”, aseguró Cinta Pascual, presidenta de ACRA. Las mayores empresas de este sector solo cobraron en el último trimestre de 2014 la mitad de las facturas. ACRA calcula que serían necesarios 60 millones para atender a todos los beneficiarios de grado II que están a la espera.

Aunque el acuerdo incluye diez millones para el Fondo Contra la Pobreza Energética, la puesta en marcha de este mecanismo sigue siendo una incógnita. Guiteras preguntó ayer cuánta será la aportación que harán las empresas de suministro. Empresa aseguró que eran necesarios 70 millones para evitar los cortes en l de quienes no pueden pagar.