Acciona reclama a la Generalitat que excluya a Agbar de ATLL

Acciona no quiere que le quiten el contrato millonario de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) pero menos que se lo den a Agbar, su rival en el concurso y la compañía que judicializó la adjudicación hasta el punto de que la Generalitat se plantee ahora anularla. Constituida la mesa de contratación que debe decidir cuál es el futuro de la concesión, la compañía de la familia Entrecanales presentó ayer ante la Generalitat un escrito en el que carga las tintas contra el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC) —el mismo que resolvió que la oferta de su consorcio no cumplía las condiciones del concurso—, defiende que se mantenga el contrato y, por si acaso, asegura que Agbar debería haber quedado excluida porque incumple almenos tres artículos del pliego de condiciones.

"El recurso especial se promovió por quien debió ser expulsado previamente del procedimiento, beneficiándose de esta forma del incorrecto proceder de la mesa", se queja Acciona en el documento. Sus letrados defienden que, si el OARCC consideró que Acciona debió ser descalificado por no cumplir con el calendario de inversiones, Agbar también lo debería ser por el mismo motivo. Es más, también presentó documentación contradictoria en lo que se refiere a los plazos de ejecución de las inversiones en dos documentos diferentes. Y además, la filial de Suez Environnement debería quedar fuera porque las entidades financieras que iban a copar el 63% del capital del consorcio (Caisse de Depot et Placements du Quebec y First State Investments) "nunca" presentaron un compromiso vinculante.

Esas tres razones son las que ha argumentado Acciona en las pruebas periciales utilizadas en la causa sobre ATLL que se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El hecho de que el tribunal aún no haya emitido sentencia sobre el fondo de la cuestión y solo haya fallado sobre medidas cautelares es un argumento de Acciona para que la Generalitat no tenga en cuenta la resolución del OARCC.

Las alegaciones son especialmente duras con el órgano de recursos contractuales de la Generalitat, para el que los letrados de Acciona no ahorra en adjetivos para desacreditar su actuación. Califica la resolución de "errática e incoherente" y "viciada de nulidad de pleno derecho" al extralimitarse en la competencias del organismo, al que incluso acusa de tener una conducta "maliciosa" al permitir firmar el contrato para después denunciarlo. Incluso recuerda que el titular del OARCC recurrió al "auxilio clandestino" de participantes de la propia mesa de contratación a espaldas del resto de miembros. 

Relata el escrito que el organismo levantó la suspensíón del expediente de contratación para que se pudiera firmar antes de cerrar el año 2012, como le reclamó la Generalitat, para después emitir una resolución contraria el 2 de enero, prácticamente el primer día hábil después de que el consorcio formado por Acciona y BTG Pactual pagara 298,6 millones de euros y la Generalitat pudiera apuntarse una reducción del déficit. "A la vista de como se sucedieron los hechos, parece evidente que el OARCC retrasó deliberadamente la resolución".

Tras asumir que la resolución del OARCC está "viciada de falta de competencia material", Acciona defiende que la legislación sobre recursos contractuales permite dejar sin efecto su fall y para ello se ampara en los dictámenes de varios catedráticos de Derecho Administrativo.