Una estafadora en la Zona Franca

El nombre de María Navarro provocaba en las asambleas contra los desahucios más rabia que el de un banquero. Tras siete años oyéndolo de personas a punto de perder su hogar, medio centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) inundaron el pasado lunes los pasillos de la Audiencia Provincial de Barcelona para ponerle cara. Algunos venían desde El Vendrell, Mataró y Vilafranca para el juicio de esta mujer de 35 años a la que decenas de personas acusan de haberles dejado en la calle.

El fiscal pide para Navarro nueve años de cárcel y la devolución de cerca de dos millones de euros por presuntamente haber estafado a 13 personas. Las acusaciones particulares elevan el monto a tres millones. Es lo que aseguran haber perdido los pocos demandantes que consiguieron superar la fase de instrucción. Otra treintena se quedó en el camino por no poder aportar pruebas o porque, tras el engaño, se veían incapaces de afrontar económicamente un proceso judicial.

Todos los afectados confiaron en la acusada, que tenía una inmobiliaria en el barrio Plus Ultra de la Zona Franca, donde vivía desde pequeña. La mayoría de perjudicados eran vecinos, amigos y familiares suyos. “¡Cómo iba a desconfiar de ella, si iba al colegio con mis primos y la he visto crecer!”, recuerda uno de ellos. Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2007, cuando la actividad del negocio consistía en ayudar a refinanciar deudas con el piso como aval.

A Micaela Cano Fajarda, de 59 años, nunca se le ocurrió que la pareja de su sobrino le pudiera engañar. “Mi sobrina me dijo que esa mujer me podía ayudar a ganar algo porque íbamos mal de dinero”, recuerda. Navarro convenció a Cano y a su marido de que pidieran un préstamo de 30.000 euros y le dieran el importe. Ella lo invertiría en negocios que generarían beneficios. El primer y único de estos retornos fue un cheque de 6.000 euros que no tenía fondos. La pareja no encontró a quién reclamar: tanto Navarro como su sobrino, José Francisco Fernández —también imputado— desaparecieron. Los problemas de Cano acababan de empezar: se enteró de que el préstamo que ella y su marido habían firmado ascendía a 126.000 euros, debía ser devuelto en seis meses con altos intereses y que su casa estaba registrada como aval. “¡Cómo íbamos a saberlo si ninguno de los dos sabemos leer!”, lamenta.

José Manuel García, de 40 años, es primo del entonces marido de Navarro cuando le pidió asesoramiento para hacer un cambio de propiedad. Acabó firmando el aval de una hipoteca cambiaria voluntaria y solidaria por deuda ajena. “Incluso siendo abogado es complicado de entender”, dice su letrado, Jaime Quintana.

La hermana mayor de García, Susana, también cayó en la trampa. “Navarro convenció a mi hermana pequeña para que se hiciera su socia en la inmobiliaria. Nuestra madre nos pidió a José y a mí que le avaláramos una línea de crédito para que ampliaran el negocio”, recuerda. Navarro les llevó a una oficina de Caixa Laietana pocos minutos antes del cierre y, con la excusa de que a la directora le corría prisa, les hizo firmar sin que leyeran el documento. “Al día siguiente sacó 600.000 euros y se fugó con su amante. Por su culpa me desahuciaron en 2011 y tengo que okupar mi propio desde entonces”, denuncia Susana.

Navarro también buscaba víctimas fuera de casa. Como Silvia Pérez, que perdió su piso en Abrera y ya no lleva la cuenta de cuánto debe. “Avalé 44.000 euros a mis hermanas para que abrieran una tienda”, explica. Recurrió al anuncio de una gestoría. Así conoció a la acusada. La mujer joven, embarazada, con “cara de buena persona”, les pedía a ella y a sus hermanas que depositaran avales para convencer a la financiera de que les concediera el préstamo. “Era raro, pero estábamos desesperadas y le fuimos dando lo que reclamaba”. Un total de 22.400 euros en cuotas. Pérez se gastó la indemnización de su despido en estos pagos. Es de los pocos afectados que tiene recibos y mensajes de móvil para probar que Navarro se quedó con su dinero, pero su denuncia no ha sido incluida en la macrocausa por motivo que ella misma desconoce: “No me puedo permitir un abogado así que no me informan de nada”.

Pérez es consciente de que no recuperará su dinero, pero asegura que hará lo que haga falta para ver a Navarro entre rejas: “Si no la encierran lo volverá a hacer”. Sus víctimas tendrán que esperar nueve meses más para verla en el banquillo. Su astucia salió a flote al esperar al día del juicio para solicitar un cambio de abogado. La jueza se vio obligada a suspenderlo hasta la siguiente fecha disponible: finales de octubre.