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La Xunta facilita que cargos del PP conserven una plaza laboral pública

El Gobierno gallego suprimió las fundaciones comarcales pero salva a sus gerentes

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el alcalde de Ponteareas.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el alcalde de Ponteareas.

Dentro de su plan para reducir la Administración paralela, los denominados chiringuitos, el Gobierno gallego suprimió hace tres años las 34 fundaciones comarcales creadas en los años noventa por la Xunta de Manuel Fraga. Su personal temporal fue despedido y el indefinido pasó a integrar la plantilla de trabajadores laborales de otros entes paralelos de la Xunta dependientes de la Consellería de Medio Rural. De aquel proceso de integración se beneficiaron la mayoría de los gerentes de las antiguas fundaciones —entre ellos al menos cinco cargos del PP— que ahora podrán acogerse a un nuevo proceso para su incorporación como personal laboral en la administración general de la Xunta, opción que no tienen el resto de extrabajadores de los entes comarcales. En el futuro, esos exgerentes incluso podrían participar en el proceso extraordinario que la Xunta prevé abrir para convertir en funcionarios a su personal laboral a través de una oposición específica.

 El pasado día 5 el Gobierno gallego anunció en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el inicio del procedimiento para “integrar como personal laboral de la Xunta de Galicia al personal laboral fijo que desarrollaba puestos de gerente procedente de las fundaciones para el desarrollo de las comarcas”. El anuncio incluye un listado de los 32 puestos de trabajo que se les asignarán en oficinas de empleo de la Xunta repartidas por toda Galicia. Los propios interesados deben solicitar su integración en la Xunta si así lo desean en un proceso que todavía está abierto, por lo que aún no es posible saber cuáles de los anteriores gerentes comarcales acabará logrando una plaza laboral en la administración general autonómica.

Denunciado el alcalde de Ponteareas

D. R.

Compromiso por Galicia ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Galicia el caso de uno de los exgerentes comarcales que podría beneficiarse de las facilitades que la Xunta les da para conservar una plaza laboral pública en la administración general. Es Salvador González Solla, alcalde de Ponteareas, que en 2011 ya se acogió al proceso para que su plaza, a la que podría volver cuando deje el cargo electo, pasase de las extintas fundaciones a otro chiringuito de la Xunta. Contactado por este diario, el alcalde no ha querido pronunciarse sobre la denuncia de la formación política y ha destacado que en su momento accedió a la gerencia comarcal de A Paradanta a través de una convocatoria pública y cuando aún no era miembro del PP.

Por otra parte, la Xunta destaca que “este proceso de integración no supone aumento de costes; al contrario, a los gerentes se les ha rebajado el sueldo para adaptarlo al vigente convenio del personal laboral”. Sin embargo, como refleja en el DOG, el Gobierno gallego contempla que quienes pasen a un puesto en el que cobren menos que en su anterior función seguirán recibiendo durante seis años un complemento hasta la equiparación definitiva de su sueldo. Según un cuadro de personal al que tuvo acceso este periódico, en 2008 el sueldo de los gerentes de las fundaciones comarcales oscilaba entre 32.400 euros brutos anuales y 51.700.

Lo que sí se sabe es que la mayoría de aquellos gerentes ya solicitó en 2011, cuando desaparecieron las fundaciones, su integración en otros entes de Medio Rural como la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga) o la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Según un listado de la consellería al que ahora ha tenido acceso este diario, entre las personas que se acogieron a aquel proceso para salvar su plaza de personal laboral hay técnicos con una larga carrera previa en cuestiones ligadas al desarrollo rural. Pero entre la variedad de perfiles de las personas que fueron gerentes comarcales y a los que la Xunta facilitó que conservasen una plaza pública sin ser funcionarios destaca uno: el de cargos del PP.

Al menos cinco de las personas que pasaron por aquellas gerencias comarcales son concejales populares, mientras que otros tuvieron responsabilidades internas en el partido a nivel local. Entre los primeros figuran el actual alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla; el portavoz popular en Ribadeo, Manuel Valín; otra edil del PP en ese mismo municipio, Azucena González Loredo; la candidata del PP en Muros, Inés Monteagudo; o la hija del alcalde de Oímbra y nueva candidata popular en ese Ayuntamiento, Ana María Villarino. Ahora, si así lo solicitan, podrán dar un paso más en la consolidación de su plaza laboral y pasar de la Administración paralela a la general.

En el futuro, según varios sindicatos consultados, los exgerentes incluso podrían beneficiarse de la oposición extraordinaria que el Gobierno gallego ha anunciado que convocará para transformar en funcionarios a parte de su personal laboral. Será una oposición, pero, al convocarse solo entre el personal que ya trabaja para la Xunta, los candidatos tendrán más posibilidades de lograr plaza de funcionario que en un proceso abierto a toda la ciudadanía.

Fuentes sindicales consultadas llaman también la atención sobre la discrecionalidad del proceso de selección seguido en su momento para contratar a algunos gerentes comarcales. Por ejemplo, la primera convocatoria abierta en enero de 1998 en el DOG para cubrir 15 de esas plazas establecía que de los 22 puntos totales que podía recibir cada candidato, siete se destinaran a la “valoración del currículum vitae” y otros cinco al resultado de una “entrevista personal”, frente a siete puntos asignados a una “prueba tipo test de conocimientos específicos”.

La Consellería de Facenda, responsable de la función pública autonómica, no entra a valorar la pertenencia al PP de varios de los exgerentes y argumenta que “todos estos trabajadores superaron un proceso de selección bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad”, pero a continuación añade que revisará “cada una de las solicitudes de integración para verificar que todos ellos superaron un proceso selectivo bajo estos principios”, algo que supuestamente ya hizo en 2011. Y recuerda que el actual proceso contó “con el voto a favor de los sindicatos CSIF, UGT y CC OO”.