Los sindicatos rechazan ampliar la Mesa de la Función Pública

Los sindicatos rechazan la creación de un organismo de negociación laboral que agrupe a funcionarios, trabajadores públicos y empleados de las empresas de la Generalitat, una medida incluida en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2015. La Generalitat busca ampliar la representación de la actual Mesa de la Función Pública a las plantillas de todas las entidades en las que participa, incluso los consorcios y fundaciones donde tiene mayoría.

CC OO, UGT y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) —las agrupaciones que integran la Mesa— denunciaron que el Gobierno autonómico pretende equiparar las condiciones de sus empleados a la baja y acabar con el margen para la negociación, que ya consideraban escaso. “Quieren hacer una mesa tan grande que será meramente política, no operativa”, aseguró este miércoles  Xavier Casas, responsable de UGT en la Generalitat. La actual Mesa representa a 160.000 personas, a las que se sumarán otras 41.000 si la ley se aprueba sin cambios.

El coordinador del Área Pública de CC OO, Xesús González, explicó que los perjudicados serán quienes trabajan en las empresas públicas: “Los funcionarios estamos más protegidos en cuanto a estabilidad. Pero ellos tienen más poder para negociar con sus empleadores. A nosotros, el Gobierno nos puede cambiar las condiciones de forma unilateral”. Casas coincidió: “En la Mesa actual no se negocian propuestas. Se comunican decisiones tomadas por altos cargos”.

Restitución de la extra

El pleno del Parlament convalidó por unanimidad el decreto ley por el que se restituye la paga extra suprimida a los funcionarios de la Generalitat y la jornada íntegra al personal interino, que estaba reducida un 15%.

Medidas como esta serían tratadas en la futura Mesa, según un portavoz del Departamento de Gobernación: “Solo negociará las materias en común que afecten a todos los trabajadores”. Aseguró que los convenios colectivos de cada compañía mantendrán su validez, aunque admitió que lo decidido en la Mesa prevalecerá sobre estos cuando entren en conflicto.

El portavoz de IAC, Luis Blanco, denunció que la nueva mesa “vulnera la legalidad” porque acaba con la autonomía de estas empresas para negociar sus condiciones: “Además, no la controla ninguna normativa, por lo que no se puede hacer sin acuerdo con los empleados”.