Primera multa a la Generalitat por no escolarizar en castellano

Cataluña se enfrenta, por primera vez, a tener que pagar una multa por aplicar el modelo de inmersión lingüística, una de las principales herramientas de igualdad y cohesión social. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una sentencia del pasado 15 de diciembre, condena al departamento de Enseñanza a pagar 3.000 euros a una menor cuyos padres solicitaron la escolarización en castellano en un colegio de Barcelona y les fue denegada.

El caso se remonta siete años atrás. Severo Bueno, el padre de la menor y ex responsable de la abogacía del Estado en Barcelona, solicitó que su hija recibiera educación en el colegio concertado Sagrado Corazón “en su lengua habitual”. En los cursos P-4 y P-5 la niña solo tuvo dos horas semanales de clase en castellano ("la hora del cuento" y una hora de natación) sobre un total de 25 horas lectivas. La Generalitat le ofreció entonces atención individualizada. Pero la discusión jurídica continuó. Un tribunal contencioso administrativo le dio la razón a la familia y ratificó “el derecho de los recurrentes a que, en relación a su hija escolar menor de edad, el castellano se utilice también como lengua vehicular”.

En 2013, cuando la niña ya había terminado el ciclo infantil de su educación, el Tribunal Supremo falló contra el recurso de la Generalitat en relación al caso de la menor y reiteró “el derecho de la hija de los demandantes a recibir en castellano la educación infantil”. Los padres decidieron entonces optar por buscar una indemnización que ahora obliga la sentencia del alto tribunal catalán. En su escrito solicitaban “3.348 euros por el valor del servicio omitido, 455 por el cierto retraso en el aprendizaje en que ha incurrido la alumna y 455 por el sobreesfuerzo innecesario que de forma ilegal se ha obligado a realizar a la alumna”.

El TSJC "ve plausible y razonable la concreción de los daños y perjuicios reclamados" y calcula que la menor debía recibir 225 horas en castellano por curso y rebaja la indemnización a 3.000 euros. El departamento de Enseñanza aún no ha respondido si piensa pagar la indemnización.