El Consorcio ya sabía que estaba atado por los créditos de la incineradora

El consejo de administración del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK, en sus siglas en euskera) conocía las consecuencias económicas y legales que tenía paralizar el proyecto de la incineradora de Zubieta. En noviembre de 2011, cuando el órgano que gestiona el tratamiento de las basuras en dicha provincia ya estaba controlado por Bildu, los miembros de su consejo fueron alertados tanto por la economista como por el letrado que les asesoran técnicamente de la obligación de pagar los créditos swap—contratos de cobertura o de permuta financiera— que el Consorcio había suscrito con La Caixa y Banesto, pese a que la planta no se construyese, según el acta de la reunión del consejo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El Consorcio paga en la actualidad 670.000 euros mensuales por esos créditos, aunque la planta de basuras, proyectada por el anterior Gobierno foral del PNV, no se va a levantar, según el actual Ejecutivo de Bildu decidió en el verano de 2013 en contra del criterio de la oposición y de la propia norma de la Diputación que establece su puesta en marcha.

“En lo relativo a las coberturas, no hay margen de maniobra [con los bancos]”, precisó ese día la gerente del Consorcio. La advertencia podría considerarse premonitoria tras la sentencia hecha pública esta semana por el Juzgado de Primera Instancia número de 4 de San Sebastián que desestima la demanda interpuesta por GHK contra ambos bancos, en la que, reclamaba la anulación de esos créditos de riesgo, contratados por 19 años. El Consorcio calcula que esta operación financiera fallida pueda terminar costándole a las arcas públicas 68 millones de euros. Contra el fallo del juez cabe recurso ante la Audiencia de Gipuzkoa, pero GHK aún no ha decidido si lo presentará.

Durante la reunión del consejo, la gerente del Consorcio especificó que si finalmente se acordaba “renunciar a la financiación, [de los swap] o ésta se resolviese, habría que devolver, los 9,7 millones de euros dispuestos, los costes de ruptura a justificar por los bancos, y la liquidación del contrato de cobertura: 32 millones de euros”.

La gerente alertó que no había “margen de maniobra” con los ‘swaps’

Esta última cantidad no era fija, como a continuación aclaró el letrado del organismo, sino “un valor correspondiente a septiembre”. El dinero que GHK debe pagar por los swaps fluctúa en función de los tipos de interés, de igual forma que un crédito hipotecario. “La liquidación del diferencial del tipo de interés se produce cada mes por el nivel de coberturas suscritas, independientemente de que no se haya cumplido con la cantidad o con el ritmo de gasto y deuda”, añadió el abogado. La financiación de los préstamos suscritos estaba ligada a un calendario de inversiones en la construcción de la incineradora que nunca se cumplió. El letrado insistió en que “no respetar los ritmos de deuda contratados tiene consecuencias económicas”, tal y como recoge el acta.

“Para que la cobertura sea efectiva y no especulativa es necesario que responda a un plan de inversiones a ejecutar, y que la deuda real, derivada del ritmo inversor, acompase las coberturas existentes”, detalló la gerente en su intervención sobre los gastos financieros de GHK. El carácter especulativo de los swaps fue uno de los argumentos esgrimidos tanto por el Consorcio como por la propia Diputación de Gipuzkoa para justificar la interposición de la demanda. El juez desestima ese argumento y considera válida la explicación que ofrecieron en la vista oral los peritos de ambas entidades bancarias: si los swaps se habían convertido en un producto especulativo era únicamente porque no se había construido la incineradora.

La gerente recordó que el Banco Europeo de Inversiones, que concedió el grueso del crédito de 500 millones para levantar la incineradora y otras infraestructuras, exigía contratar un producto financiero de ese tipo.

La entidad de gestión de residuos conocía las consecuencias económicas

Por último, el letrado recalcó que un cambio en las inversiones del Consorcio supondría “tener que analizar con los bancos cómo afectará dicho cambio a la financiación contratada”. “Disponer de una financiación de inversiones es tener un seguro. Por ello, el objetivo sería reajustar esa financiación al nuevo proyecto y evitar su resolución. Advierte de que la renegociación puede ser muy dura”, especifica el acta.

Las advertencias de los dos técnicos, ambos posteriormente despedidos por Bildu, fueron escuchadas por los miembros del consejo, entre ellos, el entonces presidente del órgano y diputado foral de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, quien intervino en varias ocasiones. La primera vez, solicitó que “no se juegue con los 32 millones de euros, porque no se va a dar esa circunstancia”, en referencia al aviso sobre la obligatoriedad de pagar los swaps. Respecto a la posibilidad de tener que renegociar con los dos bancos, sostuvo que “la Diputación tiene muchas puertas y se buscarán las fórmulas para que el impacto económico no se produzca”, siempre según el acta de la cita.

“Se han mantenido contactos”, añadió Alduntzin, además de especificar que los objetivos del Consorcio eran entonces “evitar el impacto de las coberturas, renegociar la operación de financiación y el contrato del centro de gestión de residuos”, en referencia a la incineradora. “El contrato actual ata la libertad de decisión de este consejo”, concluyó.

Las advertencias de ambos técnicos del Consorcio suponen “un elemento más” en los razonamientos que maneja el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, para sopesar si reabre una investigación en torno a la paralización de la incineradoray la posibilidad de que suponga delitos de prevaricación y malversación.