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Pisos turísticos, el peor vecino

Los inquilinos de dos fincas del Eixample se sienten abandonados por el distrito

La Síndica pide simplificar los procesos de cierre

Cartel en la azotea de un edificio del Eixample con pisos turísticos.
Cartel en la azotea de un edificio del Eixample con pisos turísticos.

No son solo las molestias que soportan cada día, día y noche, desde hace años, por convivir con pisos turísticos. Es la sensación de “abandono” que tienen por parte de la administración: la misma que reconoce que hay situaciones irregulares y que asegura que hay un plan de choque en marcha para garantizar la convivencia entre vecinos y pisos turísticos. Pero los vecinos tienen la sensación de que, a la hora de la verdad, el distrito no actúa. Por lo pronto, hasta la síndica de Greuges les da la razón: dice que la administración debería ser más ágil ante las irregularidades.

Los únicos cuatro inquilinos de dos edificios contiguos del Eixample --en la esquina entre València y paseo de Sant Joan-- conviven con 26 apartamentos turísticos: legales e ilegales. Los gestiona una empresa para la propiedad de las fincas y los pisos se anuncian como Negre Apartments, en una web con dominio estadounidense.

El más pequeño de los edificios está en el número 366 de la calle de València. No hay cartel en la puerta, pero sí pistas de que esta no es una escalera solo de vecinos: la advertencia de que es una zona con videovigilancia, un cartel sobre los buzones que pide que no se tire basura, otro en inglés que insta a cerrar bien la puerta… En la escalera, todas las puertas se abren con un código que se marca en una botonera. Y arriba, en el azotea comunitaria, hay tres grandes mesas metálicas con sillas y un cartel en la puerta que recuerda que a partir de las 23.00 horas no se puede hacer ruido y que la multa por hacerlo puede llegar a 150 euros.

Rosa Peralta nació en el piso donde su madre vive desde 1940. Es una de las dos inquilinas que soporta “de todo”. “Ruido, gritos, música, baile, golpes en la escalera, basura en la puerta, averías en el ascensor por exceso de carga..., tengo ansiedad diagnosticada”, asegura. Peralta y su vecino Francesc Deó llaman a la Guardia Urbana una y otra vez; han comprobado que uno de los pisos no tiene licencia; han llamado a los inspectores del distrito; estos emitieron un informe que insta a la propiedad a “cesar la actividad en la planta tejado del edificio (terraza con meses y sillas” y a “adecuar la actividad con teléfono de contacto 24 horas para incidencias”. Pero nada. En una carta del mes de diciembre, la Síndica de Barcelona responde a los vecinos que ha pedido al Ayuntamiento “simplificar los procesos de cierre de los apartamentos cuando se comprueba que actúan al margen de la normativa” así como “fortalecer la dotación de recursos humanos y tecnológicos”.

Cuatro inquilinos de dos edificios conviven con 26 apartamentos

“Nos dicen que los trámites son lentos, pero empezamos las denuncias en 2007: ¿siete años no son suficientes?”, exclama Francesc Deó, el otro inquilino, vive justo debajo de la terraza. Y convive con el ruido del trajín de sillas y de las cenas y fiestas hasta altas horas. La última, en Nochevieja. A las 2 y media subió a pedir silencio. Fue inútil.

El Ayuntamiento responde que “se están incoando dos expedientes sancionadores por actividades de alojamiento turístico en estas dos fincas” y que “está pendientes” de pedir explicaciones a los propietarios. Además, recuerda que la ausencia de licencia puede suponer multas de hasta 90.000 euros o, llegado el caso, el precinto del piso.

“Ruido, gritos, música, golpes…, tengo ansiedad diagnosticada”

Deó señala que “se pone el foco en la Barceloneta o en el Born, pero en el Eixample también sufrimos y mucho el problema de los apartamentos turísticos”. Basta fijarse en las fachadas de las calles de la cuadrícula de Cerdà. Los grupos de sillitas y mesas en varios balcones, todos del mismo color, delatan los apartamentos, legales o ilegales. “Es un privado quien comete una ilegalidad y somos los ciudadanos quienes tenemos que perseguir a la administración”, denuncia el vecino y explica que descartan llevar a la propiedad a los tribunales porque no tienen dinero. La conclusión a la que llega Deó es que “estamos ante un problema político, de voluntad política” y recuerda el caso de la exconcejal Itziar González, “que cuando se enfrentó a los empresarios turísticos recibió amenazas”.

En la finca contigua, paseo de Sant Joan 87, también hay solo dos familias que conviven con 16 pisos turísticos: seis legales y 10 ilegales. Para hacer el recuento, han pedido cuántas licencias tiene la finca y han echado cuentas. Una de las vecinas explica que en un par de ocasiones ha acudido a organismos de participación vecinal del distrito a exponer su queja: “Todo el mundo toma nota, pero no hay retorno”. La misma vecina entiende que la gente con la que convive -unos arriba y otros abajo, esta semana concreta- “está de vacaciones, en una ciudad con buen tiempo, alcohol barato, no tiene que madrugar…”, y apunta una de las claves del problema: “En un hotel o en un hostal hay un vigilante, aquí estamos solos”. Asegura que duerme con tapones, los tiene debajo de la almohada, como el pijama.

Desde Negre Apartments responden por correo electrónico que no tienen constancia de los informes que muestran los vecinos. Y aseguran que Francesc Deó causó daños en la instalación del aire acondicionado de uno de los pisos de la finca.

Tras la revuelta vecinal del pasado verano en la Barceloneta, el Ayuntamiento anunció antes de finales del año pasado que suspende sin fecha la concesión de nuevas licencias de apartamentos en toda la ciudad, no solo en los barrios donde había moratoria. La Síndica de Greuges recibió el año pasado 28 quejas relacionadas con pisos turísticos. En los cuatro casos en los que ha emitido resolución está a la espera de la respuesta municipal. Fuentes de la organización de defensa de los derechos ciudadanos recuerdan que la Síndica recomendó al pleno municipal planificar y limitar el número de licencias por barrios; regularlos y contemplar que las licencias sean revocables o que tengan impuestos especiales, entre otros.