Un polígono industrial fallido hunde las arcas del Ayuntamiento de O Pino
Una sentencia firme obliga al pago de casi dos millones de euros por los terrenos
El desarrollo de suelo industrial de un millón de metros cuadrados que promovió el Ayuntamiento de O Pino (A Coruña) en 2003 ha quedado en un mero proyecto pero además ruinoso. En un fallo inapelable, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga ahora al gobierno municipal a pagar casi dos millones de euros (con costas e intereses de demora) a propietarios que recurrieron el justiprecio de las expropiaciones acordadas hace diez años para que la empresa Fadesa Inmobiliaria ejecutase el polígono industrial.
Después de un largo proceso judicial para los afectados, y mientras Fadesa se declaraba en concurso de acreedores, la justicia ha ido fallando a favor de los propietarios y ha desestimado el precio del metro cuadrado que dieron los técnicos municipales. El tribunal ha aceptado la propuesta del Xurado de Expropiación de Galicia que triplica la valoración del suelo expropiado que había acordado el Ayuntamiento en 2006.
Pagar por Fadesa
El juzgado de lo mercantil de A Coruña, en un auto de 24 de julio de 2008, declaró en concurso de acreedores a Martinsa-Fadesa, por lo que la construcción del polígono industrial de O Pino se vino abajo, dejando los terrenos como estaban y aparcando todos sus compromisos de obras de mejora por valor de 1,6 millones en las parroquias limítrofes. Personada al igual que el Ayuntamiento en el contencioso por el justiprecio de los terrenos, el tribunal dejó claro quién tendría que pagar los platos rotos.
“Debe ser la Administración expropiante, el Ayuntamiento de O Pino, la que asuma el pago en calidad de responsable subsidiario y sin perjuicio de los derechos que adquiera si paga por otro”, dice el fallo de la Sala presidida por el magistrado Ignacio Aranguren Pérez. “Porque no podemos olvidar que es el Ayuntamiento la Administración que expropia y no puede rehuir su obligación de pagar en defecto de aquel [Fadesa], justificándolo al amparo de una situación concursal de la beneficiaria que, como hemos visto, cualquiera que sea su futuro, nulo efecto debe producir para los afectados, más allá del retraso evidente en el cobro del justiprecio”, añade el tribunal.
Concluye la sentencia firme subrayando que el Ayuntamiento” es el garante porque tiene en todo momento el control del procedimiento expropiatorio: decide expropiar, lo hace por el procedimiento de urgencia y decide ejecutar el proyecto”.
Este pago inaplazable para el gobierno de O Pino, tras conocerse la sentencia de ejecución definitiva en octubre pasado, representa apenas un 1% de las expropiaciones que reclaman otros propietarios. Un escenario económicamente inasumible para el Ayuntamiento cuyo presupuesto es de 2,8 millones y que le llevaría a una situación de bancarrota.
De hecho, los beneficiarios de la sentencia del TSXG son propietarios de solo 70.000 metros cuadrados de un terreno en litigio que alcanza el millón de metros. Los restantes dueños reclamaron en su día el justiprecio pero no se admitió por extemporánea por lo que han promovido otra reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento que está en trámite de resolución en los tribunales.
El gran fiasco nació en 2002, cuando el pleno acordó incorporar al proyecto de Plan General que se estaba diseñando un sector para suelo industrial en terrenos de las parroquias de Castrofeito y Pereira, en las inmediaciones del aeropuerto santiagués de Lavacolla. Un año después se aprobó el planeamiento urbanístico que ya contemplaba el sistema de expropiación del suelo delimitado para uso industrial y comercial en el polígono. Las razones, en palabras del alcalde, el popular Manuel Taboada, eran que “la expropiación garantizaría de un modo más eficaz la urgente realización del polígono”.
En 2004 se cerró el acuerdo municipal para adjudicar el contrato para redacción y ejecución del plan parcial del polígono industrial a la entidad Fadesa Inmobiliaria, la única empresa que se presentó a concurso. Poco después vendrían los primeros problemas para el Ayuntamiento, cuando los propietarios de los terrenos interpusieron recursos de reposición contra la valoración de las expropiaciones de seis euros por metro cuadrado.
Este trámite fue resuelto con un acuerdo de la alcaldía por el que se rechazaron más del 90% de los escritos que impugnaban el precio fijado por metro cuadrado, alegando que eran “extemporáneos”, por lo que no se remitieron los expedientes al Xurado de Expropiación de Galicia. Al final solo se admitió a trámite la oposición de cinco propietarios que acabaron ganando la batalla al Ayuntamiento.
El arquitecto contratado por el Ayuntamiento para valorar los terrenos, Pablo Martín Fernández Castro, emitió seis meses después un informe favorable a sustituir el aval —que como garantía obligatoria debía prestar Fadesa en cumplimiento del pliego del concurso— por una carga hipotecaria, y tasaba el valor del suelo urbanizado en el citado polígono a 100,53 euros, dieciséis veces más.
Este mismo técnico, que también emitió los informes favorables al proyecto de expropiación y urbanización, fue nombrado arquitecto municipal en diciembre de 2009. Contra el alcalde y el arquitecto se abrieron diligencias en el juzgado de Arzúa por una denuncia contra la actuación de ambos en la fijación del justiprecio y por las obras de mejora ofertadas en el concurso de saneamiento y abastecimiento de Pereira y Castrofeito. Manuel Taboada y Pablo Martín tendrán que declarar de nuevo en el juzgado el 15 de febrero por esta causa.
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