La Junta multa con 1,62 millones al BBVA por “no ofrecer” sus VPO

En su lucha por la función social de la vivienda, el Gobierno andaluz ha multado con 1,62 millones de euros al BBVA por "haber incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas de protección oficial (VPO) a los registros municipales de demandantes", según una nota de prensa de la Consejería de Fomento. Este mecanismo, que garantiza su adjudicación conforme a criterios socioeconómicos objetivos y evita su especulación, se ampara en la ley andaluza antidesahucios, suspendida parcialmente en enero por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno central. “Todas las viviendas protegidas deben estar a disposición de las familias que las necesitan y las demandan a través de los registros municipales”, defienden desde la consejería. La entidad ha anunciado que va a presentar recurso contra la decisión.

Según la nota de prensa, la consejería ha acreditado que la BBVA no ha ofrecido a los registros 27 viviendas, lo que supone una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida (una multa de 60.000 euros por inmueble). Las VPO se encuentran en las provincias de Granada (siete), Cádiz (seis), Almería (cinco), Huelva (cinco), Málaga (dos) y Sevilla (dos). Con esta sanción, Fomento cierra el expediente abierto en febrero de 2013, tras haber desestimado las alegaciones presentadas por la entidad financiera.

“El dinero público es lo que permite construir una vivienda protegida, que debe ser siempre para una familia que la necesita y cumpla los requisitos. Las VPO ni se acumulan, ni sirven para la especulación”, ha afirmado la consejera Elena Cortés. La sanción al BBVA se suma a las impuesta a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (120.000 euros), al Banco Popular (5,8 millones) y al Banco Sabadell (120.000 euros).

La entidad financiera ha anunciado que recurrirá la sanción impuesta y ha recordado que “aportó 900 viviendas al Fondo Social de Vivienda y se adhirió al Código de Buenas Prácticas”, puestos en marcha por el Gobierno central. Asimismo, ha defendido su política en materia de vivienda al asegurar que “garantiza techo a todas las familias clientes del BBVA en riesgo de exclusión social con préstamo hipotecario”.

La consejería mantiene abiertos además expedientes sancionadores a otras cinco entidades financieras, por 3,48 millones de euros: Building Center (1,56 millones por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 por 11 viviendas), Servihabitat (360.000 por seis viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 por dos viviendas). Estos expedientes se encuentran en fase de evaluación de las alegaciones previa a la emisión de la resolución.