La Sindicatura ve anomalías en contratos adjudicados a Ramon Bagó

La Sindicatura de Cuentas ha hallado irregularidades en contratos adjudicados por la Corporación de Salud del Maresme y La Selva (CSMS) —un consorcio de la red pública participado por el hospital de Blanes, el de Calella, el de Lloret de Mar y el consorcio sanitario de la Selva— a la compañía de restauración Serhs, propiedad del empresario Ramón Bagó, investigado por delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y uso de información privilegiada.

Pese a que el fiscal libró a Bagó el pasado marzo de responsabilidades penales y archivó la causa —aunque constató “irregularidades administrativas”—, la flauta de la corrupción ha vuelto a sonar sobre el que fuera alcalde de Calella por CiU y alto cargo de la sanidad catalana, ya que fue directivo del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), un organismo público que gestiona varios centros sanitarios.

En su informe de fiscalización de la CSMS de 2009 a 2011, la Sindicatura detectó irregularidades en la licitación de un servicio de restauración, obras de remodelación en las cocinas y equipamientos que fue adjudicado a Serhs por 7,7 millones de euros. Según el ente fiscalizador, las cláusulas del pliego no contemplaban que se pudiese subcontratar el proyecto de obras, lo que impedía que las empresas que solo se dedicasen a la restauración “accediesen a la licitación en igualdad de condiciones” que las que podían prestar todos los servicios, como es el caso de Serhs, que fue la única que se presentó al concurso.

La Sindicatura también ha encontrado anomalías en la contratación de servicios de análisis clínicos adjudicados a la empresa Laboratorio de Referencia de Cataluña, participada indirectamente por CSC. En la mesa de contratación había dos representantes de CSC que debían haberse abstenido en el voto, según dicta la legislación vigente. Sin embargo, en el expediente “no consta” esta abstención. Precisamente, el CSC, que se benefició indirectamente con esta adjudicación a una empresa en la que participaba, era en esos años el encargado de la gestión administrativa de los procesos de contratación que se realizaban en la CSMS y que ahora pone en tela de juicio la Sindicatura.

El ente fiscalizador también ha destacado la falta de un convenio que regulase las relaciones entre el CSMS y la compañía BC Gest, participada por el Ayuntamiento de Blanes y la propia CSMS. Esta empresa facturaba de forma privada la asistencia a extranjeros y a pacientes lesionados por accidentes de tráfico que llegaban a los hospitales del CSMS.

La Sindicatura también ha observado pagos a altos cargos que no han sido declarados, adjudicaciones sin concurso por valor de 2,12 millones de euros y pagos mensuales a dos entidades religiosas sin justificar.