Un vocal del Consorcio de Salud logra 4,6 millones en concursos para su empresa

Ramon Bagó Agulló, expresidente y consejero del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) -organismo público financiado a través de la Generalitat-, ha ganado concursos públicos por valor de 3,3 millones de euros desde 2005 para la empresa que fundó y preside, el grupo turístico y de restauración Serhs. Ese mismo año, a través de la filial que agrupa las compañías públicas del consorcio, CSC, SA, Bagó también captó para su empresa privada un contrato de 1,3 millones de euros anuales por gestionar la restauración de los centros sanitarios que prestan servicio a la sanidad pública en las comarcas del Maresme y la Selva. Al margen de los concursos públicos, la empresa de Bagó también ha obtenido del consorcio sanitario decenas de adjudicaciones a dedo por importes inferiores a 12.000 euros, que el CSC no está obligada a notificar públicamente. El consorcio, presidido por el alcalde de Amposta, Manel Farré (CiU), agrupa a 76 ambulatorios y 44 de los 54 hospitales que conciertan sus servicios con la Generalitat, y tiene un presupuesto de unos 170 millones anuales solo para la contratación de obras, servicios y suministros.

Bagó lleva 25 años vinculado con éxito al sector sanitario público y privado

Bagó, que fue alcalde de Calella con CiU y compaginó ese cargo con la presidencia de Serhs y del CSC, ha logrado sustanciosos negocios con dinero público que le adjudicó esa misma corporación pública. "El consorcio no aporta datos sobre cuánto dinero de la Generalitat se ha llevado Serhs gracias a la influencia de Bagó", advierte Albano Dante-Fachin, investigador de la publicación Café amb Llet, que ha reclamado sin éxito a cargos del CSC el destino del dinero público que gestiona el organismo.

El entramado, aparentemente legal pero falto de mecanismos de control eficaces, abona las suspicacias sobre la gestión del dinero que aporta la Generalitat al sector sanitario. Especialmente sobre los gestores de la sanidad pública que compaginan el cargo con negocios privados que se benefician directa o indirectamente de la Administración. La Oficina Antifraude de Cataluña ha abierto diligencias contra Bagó para determinar si ha incurrido en algún conflicto de intereses, informó ayer Abc; también sobre el presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, quien el miércoles dimitió de la vicepresidencia de USP Hospitales, grupo privado líder en España, con varios centros sanitarios en Barcelona y Girona.

Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de Bagó. La Generalitat, por su parte, sigue sin ver ninguna irregularidad en ambos casos. "Necesitamos redefinir la legalidad de estos procesos, que ocurren demasiado a menudo", señaló ayer Joan Boada, responsable económico de Iniciativa. "Éticamente no se puede aceptar. También es responsabilidad de los alcaldes y la Administración no controlarlo", destacó. "Son empresarios con buenas relaciones con los partidos políticos que se benefician del dinero público", lamentó Boada.

Es el perfil de Prat y Bagó, ambos con amplias conexiones, sobre todo a nivel municipal, con CiU y el PSC. En el caso de Bagó -alcalde convergente entre 1979 y 1991, responsable de Turismo en la Generalitat de Jordi Pujol y galardonado con la Creu de Sant Jordi en 2001-, la trayectoria de gestor privado y público ha crecido en paralelo desde los años ochenta. En 1987, siendo alcalde, transformó Serhs en un holding; ese mismo año fue nombrado presidente del CSC, entonces denominado Consorcio Hospitalario de Cataluña. Veinticinco años después, el empresario mantiene un pie en el lado público del negocio y otro en el privado. "Es necesario un mayor control", lamentó Boada. "Los Ayuntamientos, quizá por falta de recursos, ceden la gestión de dinero público a personas que buscan un beneficio privado y el suyo personal", agregó.