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Bruselas elude evaluar el proyecto de gas en Doñana

La Comisión Europea pide a la Junta y al Gobierno central que “trabajen conjuntamente”

Parque Nacional de Doñana (zona de Huelva), en abril de 2013. Ampliar foto
Parque Nacional de Doñana (zona de Huelva), en abril de 2013.

La Comisión Europea ha pasado de puntillas en su respuesta a la Junta de Andalucía sobre la evaluación del impacto ambiental del proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio protegido de Doñana. El Gobierno andaluz buscaba en Bruselas un aliado a su veto a la actuación de Gas Natural, que reclama a la Administración autónoma 358 millones de euros por bloquear unos trabajos que cuentan con la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. En una carta remitida a la consejería andaluza, la Comisión Europea se limita a señalar que se trata de un asunto de “competencia exclusivamente nacional” y apela a que ambas Administraciones alcancen un acuerdo.

El Ejecutivo andaluz mantiene en suspenso la tramitación de esta obra porque considera que, al haberse troceado el proyecto para su análisis ambiental, no se ha tenido en cuenta sus “efectos acumulativos” sobre la Red Natura 2000, el espacio europeo de protección del que forma parte Doñana. Frente a esta valoración, Bruselas opta por el silencio y considera que “no se encuentra en situación” para considerar si es suficiente la evaluación realizada por las Administraciones españolas, tal y como ha adelantado Huelva información. Lo que sí hace la Comisión Europea en su escrito es un llamamiento a los Gobierno central y autónomo para que “trabajen conjuntamente” conforme a la normativa europea en materia medioambiental.

Andalucía insiste al ministerio para que revise la evaluación ambiental de la obra

Pero la tibia respuesta de Bruselas parece haber acrecentado la distancia entre ambas Administraciones —aspecto que también pone de relieve Bruselas en su carta—. La Junta de Andalucía ha asegurado que “seguirá insistiendo” para que el ministerio revise la evaluación del proyecto y se “cerciore” de que “no habrá ningún efecto negativo para la integridad de un lugar tan emblemático”. Por su parte, el departamento de Isabel García Tejerina ha reiterado que la pelota está en el tejado de la Administración andaluza. “El ministerio ha hecho ya su parte. Es la Junta la que debe dar los últimos permisos, entre ellos la Autorización Ambiental Unificada”, recuerdan desde el Gobierno central, que se ampara en los informes favorables emitidos.

El ministerio concedió, hace ahora dos años, las tres últimas declaraciones de impacto ambiental (DIA) positivas necesarias para poner en marcha estos trabajos (que incluyen la construcción de 20 kilómetros de nuevos gasoductos y 16 sondeos más). La Junta reclama al ministerio que revise esas declaraciones para que incluyan un análisis de los efectos acumulativos. “Vamos a seguir conversando con el ministerio para que atienda nuestra petición”, ha asegurado la secretaria general de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, Carmen Lloret. En este sentido, Gas Natural ha reiterado que, en el proceso de evaluación, “se incluyó la caracterización y valoración de los impactos acumulativos y sinérgicos de todo el proyecto en distintos aspectos como la atmósfera, la geología, la edafología, la hidrología, entre otros”, según su nota de prensa.

La carta de Bruselas se conoce pocos días después de que la consejería confirmara que Gas Natural ha presentado un recurso contencioso-administrativo por la paralización del proyecto. La empresa reclama al Gobierno andaluz 358 millones. Este jueves, la organización ecologista WWF ha pedido a la Junta que, pese a la respuesta de Bruselas y a la cuantía reclamada, se mantenga “firme” en su postura y pida un análisis de los efectos acumulativos.

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