No habrá expropiaciones en Medina Azahara

Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado uno de los gestos políticos de la Junta de Andalucía con más carga simbólica: el decreto de 2008 que otorgaba la posibilidad de expropiar, “por interés social”, parcelas ilegales y sin edificar del entorno protegido del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba. Con esta medida, el Gobierno regional quería evitar que continuaran las edificaciones ilegales en la zona de protección del conjunto palatino omeya en la que ya existen 252 construcciones ilegales en terreno protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).

Los chalés, muchos primeras residencias, ocupan un terreno en el que abundan los yacimientos arqueológicos que no solo datan de época islámica, sino también romana y visigoda. Viviendas que se levantaron a principios de la década de los noventa y que han dañado un paisaje que debe preservarse. Las tres urbanizaciones que jalonan el espacio protegido son, además, un impedimento para las aspiraciones de la Junta, que espera que Medina Azahara consiga ser Patrimonio Mundial e ingrese así en el exclusivo club de la Unesco.

A pesar de la vigencia del decreto durante los últimos seis años, la Junta no llegó a expropiar ninguna de la treintena de parcelaciones a las que afectaba. Aun así, sus propietarios recurrieron y ahora el Supremo les da la razón. En esencia, el Supremo le dice a la Junta que no argumentó las razones para expropiar “por interés social” esos terrenos del entorno del conjunto palatino omeya. Y más aún, cuando ese suelo ya había sido declarado zona de especial protección como (BIC).

La primera intención de la Junta cuando aprobó el decreto, redactado por las consejerías de Cultura y de Ordenación del Territorio, era comprar las 29 parcelas que no están edificadas en las urbanizaciones ilegales de Las Pitas, Córdoba La Vieja y La Gorgoja II, ubicadas en la zona de especial protección declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara. El objetivo era impedir que se pudiesen levantar más chalés. Si los propietarios se negaban a vender, se expropiarían directamente. Las 252 viviendas —la mayoría de primera residencia— ya construidas dentro de la zona BIC quedaban fuera de este decreto.

“La Junta lo que buscaba era parar aquella fiebre constructora de mediados de la década pasada. Y lo logró. La crisis hizo el resto. No se ha vuelto a construir más allí”, cuenta un técnico que trabajaba entonces en la zona de Medina Azahara. Aun así, los propietarios afectados por esa “amenaza” de expropiación recurrieron la norma andaluza al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó su demanda.

Los vecinos acudieron entonces al Supremo. Allí, la sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado el decreto aprobado el 23 de septiembre de 2008 por el Consejo de Gobierno de la Junta que permitía expropiar forzosamente parcelaciones ilegales y no construidas del entorno protegido del complejo palatino omeya, un conjunto que construyó el califa Abderramán III en el siglo X.

La sentencia del Supremo que da la razón a los vecinos es más un revés político que practicó para el Ejecutivo andaluz. La Junta va a verse incapaz de aplicar una norma que, por otro lado, nunca ejecutó. Pero la esencia del problema sigue inalterable. El Supremo no duda en ningún momento que las parcelas sin construir afectadas por el decreto de la Junta de Andalucía de 2008 sean ilegales.

Por eso, la respuesta de la Junta a la decisión del Tribunal Supremo es más bien tibia. La consejera de Medio Ambiente, que actualmente tiene las competencias en la materia de Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, se limitó a decir ayer que no conocía oficialmente la sentencia porque no había sido notificada a la Junta. “Vamos a esperar a examinarla y una vez que la hayamos estudiado haremos la valoración que proceda en este caso”, afirmó Serrano.

A pesar de que este decreto no afectaba a las propiedades con edificaciones residenciales, los vecinos de la zona sí han mostrado su alegría por la decisión del Supremo. “La sentencia pone a cada uno en su sitio”, señala el presidente de la asociación de vecinos de La Gorgoja II, Antonio Fernández, en declaraciones recogidas por el diario Córdoba.

“El recurso ha sabido exponer ante el Supremo la injusticia a la que fuimos sometidos. Agradecemos a la justicia que haya reconocido nuestros derechos”, añadió Fernández. Cristóbal Pérez, presidente de los vecinos de Las Pitas, también mostró su satisfacción por el fallo que, según él, es “otro paso importante” para regularizar su situación.