Instituciones y Progreso

La dimisión del fiscal general Torres-Dulce propiciada, según los medios de comunicación que he leído, por acoso y presiones del Gobierno, es una mala noticia. No podemos permitir que se produzcan quiebras en el sistema de justicia cuando está probado que forma parte de las instituciones vitales para el desarrollo económico y social. De hecho es indispensable para vivir en una sociedad civilizada, donde las personas, atendiendo a valores y creencias, nos conducimos de forma respetuosa con las reglas y las instituciones. La visión que tenemos los economistas acerca del papel que las instituciones juegan en el devenir económico y en el progreso de una sociedad está basada, aunque no exclusivamente, en trabajos como los que desarrollaron Douglas C. North, Premio Nobel de Economía en 1993 y Ronald O. Coase cuya aportación pionera en el "Journal of Law and Economics" (La revista de Derecho y Economía) se cita todavía de forma profusa.

D. North nos enseñó que para decir cosas sensatas acerca del crecimiento económico de los países es fundamental analizar, junto con variables como la tecnología, su desarrollo, la innovación y el capital humano, otras como las instituciones y la dimensión temporal utilizada en los análisis. Las instituciones constituyen limitaciones que los humanos hemos construido para estructurar las relaciones entre nosotros, es decir para definir la estructura de incentivos de las sociedades en general y de las economías en particular. Si nos fijamos en las mismas observamos que algunas son formales, leyes, reglas, constituciones, mientras que otras, como los códigos de conducta, normas de comportamiento pueden ser consideradas como informales. No cabe duda de que el sistema de justicia es una de las incluidas entre las que se denominan limitaciones formales. Nuestras sociedades están, además, repletas de organizaciones, definidas como grupos de individuos unidos por objetivos comunes. Los ejemplos que se citan en la literatura van desde las organizaciones educativas (universidades, escuelas) hasta las políticas (ayuntamientos, organismos reguladores) pasando por las económicas, (sindicatos, empresas).

Una administración de justicia eficaz consigue que los incentivos funcionen en la dirección correcta"

Podría decirse que mientras las instituciones representan "las reglas del juego" las organizaciones y los agentes que toman las decisiones representan a los "jugadores". El cambio económico constituye un proceso que es consecuencia de las elecciones de los emprendedores y los agentes que actúan en las organizaciones y el entorno institucional en el que esta actividad acontece, al condicionar de forma muy determinante los incentivos, puede explicar los impulsos o estancamientos que se producen en el desarrollo y cambio de las economías. El trabajo de R. Coase se centra, precisamente, en esta cuestión. La tecnología y las instituciones, entre ellas, el sistema de justicia determinan los costes de realizar las transacciones, costes que sumados a los de transformación, de producción y a los financieros condicionan el progreso de los países. Cuando las transacciones son costosas, explica este autor, las instituciones importan mucho a la hora de encontrar la forma en la que maximizar la renta agregada de una economía. Un sistema de administración de justicia eficaz consigue que los incentivos funcionen en la dirección correcta si el incumplimiento es sancionado de forma rápida y el coste del proceso recae en quien incumple el contrato.

En la vida real prácticamente todos los compromisos de negocios, comerciales e incluso los compromisos más personales son formas de "contrato" basados en la confianza de los agentes económicos entre sí. Si el poder judicial interviene y consigue fortalecer esta confianza los contratos serán más fluidos y por tanto más dinámicos. Sin ella el progreso resulta ser mucho más problemático. Importa, por tanto, determinar cuál es la forma de conseguir un sistema judicial capaz de consolidar las relaciones comerciales, económicas, personales. Un sistema capaz de minimizar los riesgos y los costes de transacción y capaz de estabilizar las reglas constitucionales y el cumplimiento de los contratos. Las condiciones para alcanzar este objetivo exigen independencia, eficiencia y transparencia. Se precisa de autonomía institucional y de la independencia de los jueces en el ejercicio de su función. Todo esto, y más que podría añadirse, es lo que justifica que califique como mala la noticia con la que he comenzado este artículo