El fiasco en las privatizaciones lastra las finanzas de la Generalitat

En junio de 2011, en plena crisis del euro, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, anunciaba ante 321 inversores internacionales un plan de privatizaciones con el que pensaba ingresar un mínimo de 1.850 millones de euros hasta 2014. La necesidad de reducir el déficit público hizo que el Gobierno catalán elevara ese listón hasta los 3.400 millones, de los cuales 2.318 millones deberían haberse cerrado este año. Una vez vencido ese plazo de cuatro años, las ventas de patrimonio público y las concesiones ascienden a 2.000 millones de euros, aunque esa cifra puede verse rebajada dependiendo del final del proceso judicial de la operación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El Ejecutivo de Artur Mas ha tenido que escuchar esta semana el reproche casi unánime de toda la oposición por el fiasco de esa venta y por las jugosas plusvalías que ha obtenido el principal socio de Tabasa al vender su parte de la empresa.

La primera empresa pública que la Generalitat ofreció al mercado fue la de ICF-Equipaments, una filial del Instituto Catalán de Finanzas que construía y explotaba equipamientos públicos, en especial escuelas. El adjudicatario debía poner un mínimo de 49 millones por el 51% de la sociedad y asumir una deuda de 350 millones. La privatización nunca llegó a materializarse y la empresa se fusionó con la constructora pública Gisa.

Las dos siguientes operaciones fueron las de Tabasa, la sociedad que administra de los túneles de Vallvidrera y el Cadí, y ATLL, que gestiona el agua en alta en el área metropolitana de Barcelona. Las privatizaciones se cerraron en 2012, casi en el tiempo de descuento para poder contener los números rojos de las arcas públicas de ese año. El resultado de ambas ventas ha puesto en entredicho la destreza de la Administración en estos procesos. “Las privatizaciones ya son técnicamente complejas, de modo que no es aconsejable hacerlo de forma precipitada. Hay que conocer el mercado, el valor de la empresa que se va a vender y las empresas que están dispuestas a adquirirla. Esos estudios la Administración no los tiene por la mano. Pero además, ha fallado en aspectos jurídicos fundamentales, donde sí tiene mucha experiencia”, asegura Carles Ramió, profesor de Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra. También el Gobierno central se ha visto obligado, por ejemplo, a suspender la privatización parcial de AENA ante las diferencias entre ministerios y los problemas con el contrato con el auditor.

La venta de ATLL desató desde el primer segundo una guerra en los tribunales entre los dos grupos que se la disputaron: Agbar y el consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual. La empresa se adjudicó en una operación valorada en 1.047 millones de euros al segundo grupo a pesar de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), dependiente de la propia Generalitat, resolviera que el consorcio de Acciona se había adjudicado el concurso a pesar de no cumplir el pliego de condiciones en cuanto al calendario de inversiones. Tras varios varapalos judiciales, la Generalitat ha decidido constituir la Mesa de Contratación para revocar ese contrato y dárselo a Agbar o bien convocar otro concurso.

Fuentes de la operación sostienen que el Ejecutivo catalán deberá devolver 300 millones que ingresó en diciembre de 2012 y las inversiones realizadas desde entonces por Acciona. Sin embargo, queda en el aire la indemnización global que podrían pedir los todavía accionistas de ATLL. A pesar de que los grupos de la oposición inquirieron al Gobierno catalán con insistencia sobre ello en el pleno del Parlament de esta semana, el Ejecutivo catalán siguió sin responder al respecto. Los adjudicatarios de esa empresa, no obstante, han mantenido siempre que la Generalitat se comprometió a compensarlos si los tribunales tumbaban la concesión.

El banco portugués fue advertido en varias ocasiones por los auditores de sus cuentas sobre la incertidumbre de la operación de ATLL. Sin embargo, en la última memoria de la entidad, del tercer trimestre de este año, BTG Pactual afirmó tener “derechos legales y contractuales” para “obtener compensaciones” en caso de un fallo contrario definitivo. “El arreglo fue confirmado por una carta del Gobierno de la Generalitat fechado el 5 de julio de 2013, indicando que en caso de que los resultados del proceso fueran cancelados, el consorcio sería compensado por daños”, lo cual incluye tasas de concesión e inversiones realizadas.

El banco portugués también se vendió el mes pasado su participación en Tabasa —participada también por Abertis— por 146,5 millones de euros al fondo de capital riesgo Ardian, lo cual le permitía conseguir una plusvalía del 125% en menos de dos años. La oposición esta semana reprochó al Gobierno catalán que la cuantía de la indemnización hace indicar que se malvendió la empresa pública. “O bien hay una expectativa de mejora substancial en el flujo de vehículos o bien se malvendió. Nada indica que la situación esté mucho mejor que hace dos años, por lo cual probablemente se malvendió”, asegura Agustí Colom, profesor de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona.

La Generalitat previó en los Presupuestos para este año privatizaciones por 2.318 millones de euros. El Ejecutivo de Mas hasta ahora solo ha podido cerrar operaciones por 311,6 millones de euros mediante la venta de inmuebles, lo que representa solo el 13,4% de lo previsto y aleja la consecución del objetivo de déficit, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal asegura que podría acabar por encima del 2% del PIB.

El fracaso de este año se explica por que la Generalitat no ha podido cerrar la operación por la que iba a traspasar un paquete de depuradoras al Área Metropolitana de Barcelona, lo cual le hubiera permitido ingresar 800 millones de euros. Fuentes del Ejecutivo descartan que se pueda culminar el traspaso antes de fin de año. “Todo esto debería hacerles ver que lo mejor es parar. El mercado ha ganado demasiado. No se puede decir que estos procesos permiten que las empresas vengan a Cataluña a hacer negocios, porque se trata de patrimonio de todos”, lamenta Ramió.

La Generalitat ha sido especialmente activa en la venta de inmuebles, que le han permitido ingresar 578 millones de euros. Sin embargo, muchos de ellos han sido colocados a inversores con un cuantioso descuento respecto al precio inicial. Por ejemplo, la sede de Medio Ambiente, se acabó vendiendo un 37% más barata que cuando salió al mercado, y la Casa Burés, con un 28%. Algunos de los compradores, como Axa Real Estate, recuperarán su inversión en apenas diez años solo con los alquileres que deberá abonarles el Gobierno de la Generalitat.