El fiscal acusa a Camps de crear una tapadera para organizar la Fórmula 1

Cuando Francisco Camps llevó a Bernie Ecclestone un día de abril de 2006 a pasear por la zona del Puerto de Valencia dedicada a la Copa del América, el patrón de la Fórmula 1 le exigió que “en caso de celebrarse una prueba en Valencia esta debía ser en un circuito urbano en esa zona y no en el Circuito de Cheste”. Pese a que anunció que la prueba no costaría un euro a los ciudadanos, el entonces presidente valenciano satisfizo las exigencias de Ecclestone a costa del dinero público a lo largo de los años hasta el punto de incurrir en una malversación continuada de caudales públicos y en prevaricación, según la Fiscalía Anticorrupción, que le ha presentado una querella. La noticia ha caído este viernes como una bomba en la política valenciana.

El TSJ investigará si hubo malversación continua y prevaricación

En la organización de la Fórmula 1 en Valencia entre 2008 y 2012 no hubo una empresa privada sino una tapadera, denominada Valmor Sports, SL, que escondía que era la propia Generalitat la responsable de la prueba y la que, a la postre, asumió todas sus deudas. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una querella contra Camps, la exconsejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, y el expiloto de motociclismo y empresario Jorge Martínez Aspar, en la que acusa a los dos primeros de malversación continuada y prevaricación y al segundo de cooperador necesario. A Johnson le atribuye también un delito societario.

Según la fiscalía, que abrió la investigación en respuesta a sendas denuncias de los diputados socialistas Eva Martínez y Josep Moreno y del portavoz de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Ignacio Blanco, Camps “garantizó personalmente y en nombre de la Generalitat” la viabilidad del gran premio de Valencia al patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que exigió “negociar directamente con el presidente”. Camps “decidió que su amigo Jorge Martínez Salvadores, conocido como Aspar, crease una sociedad para poder organizar la prueba de Fórmula 1 y que se pudiera beneficiar de ello”, señala en su querella el fiscal especial Vicente Torres. Hasta el extremo de que con Ecclestone, no solo “todas las negociaciones las mantuvo el señor Camps”, sino que este último “eludió todos los procedimientos administrativos de contratación pública, interponiendo una empresa privada, sabiendo que quien iba a desarrollar el proyecto era una empresa pública”.

El expresidente valenciano dispuso que la empresa Circuito del Motor y Promoción Deportiva, que gestiona el circuito de Cheste, llevara la organización deportiva de la carrera y, a partir de la segunda edición, en 2009, que otra empresa pública, Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), pagase el canon anual a Ecclestone. “En ninguno de los dos casos existió contraprestación alguna por parte de Valmor Sports a las empresas públicas”, subraya el fiscal.

La querella, que detalla todas las reuniones de Camps con Ecclestone, explica que poco antes de dimitir por el caso de los trajes, en julio de 2011, Camps pactó en una reunión con Ecclestone en Londres que “el único Gran Premio a celebrar en España” sería el de Valencia y que la Generalitat se convertiría en avalista de Valmor, “con consciente desprecio hacia la legalidad vigente”. Para ello se llegó a simular la firma del director de SPTCV, que estaba de viaje de novios.

Tras la dimisión de Camps, en julio de 2011, ya con Alberto Fabra de presidente, la Generalitat compró la empresa Valmor Sports, cuyos socios, Jorge Martínez Aspar, el empresario Fernando Roig y Bancaja, pidieron una solución para no declarar la suspensión de pagos. La consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, llevó al Consell, en funciones de junta general de accionistas de la empresa pública Circuito del Motor, la decisión de comprar la firma.

Johnson “engañó” al Consell a la hora de aprobar la compra de Valmor

La adquisición se aprobó, pero la fiscalía afirma que Johnson, que también ocupaba la presidencia de Circuito del Motor, “engañó” al resto de consejeros “al no decirles ni explicarles” que la compra suponía condonar a Valmor Sports los 14 millones de euros adeudados a Circuito del Motor, asumir más de 31 millones de deuda con terceros y exonerar a los gestores de la empresa pantalla de cualquier responsabilidad.

Anticorrupción añade que en marzo de 2012, cuando se inscribió el contrato, constaba en una documentación anexa toda la deuda de Valmor Sports de la que Lola Johnson “no informó”. Ahí acaba el relato del fiscal, quien decide trasladar la investigación al TSJ, donde la magistrada Pía Calderón será la encargada de realizar la instrucción y delimitar el grado de responsabilidad del actual Consell de Alberto Fabra, que ayer pidió tiempo para analizar la querella, aunque adelantó que no se personará como acusación particular.

El TSJ pidió a las Cortes que acredite la condición de diputado de Camps, como requisito previo a la asunción de la querella y la previsible imputación de Camps.