Condenado el alcalde de Cercs por autorizar una nave en área protegida

El alcalde de Cercs, Ferran Civil, ha sido condenado a un año de cárcel y a ocho de inhabilitación por autorizar la construcción de tres naves industriales en una zona protegida del municipio. Una juez de Manresa considera probado que Civil -que manda en Cercs desde 1991- ofreció apoyo a un empresario que pretendía desarrollar una industria alimentaria en una zona “no urbanizable” y declarada, además, “de interés natural, paisajístico y forestal”. Civil, de Unió Democràtica, ha sido condenado por dos delitos contra la ordenación del territorio y tiene abiertas diversas causas por hechos similares en el municipio.

La buena sintonía entre el alcalde y el empresario Pedro Miguel Acebillo comenzó en 2005, en un restaurante. Según explicó Civil en el juicio, el promotor le explicó que quería impulsar un proyecto para el cultivo de setas “que daría renombre a la comarca” del Berguedà. Al alcalde le gustó, dijo ante la juez, que un señor de fuera “viniera a dar marcha al pueblo”. El empresario le contó que había invertido tres millones de euros en el proyecto, que contaba con “el aval de la Generalitat” y que tenía “socios en las universidades”.

Civil, que también es vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, se vio “al menos tres veces” con el empresario para hablar del proyecto. Y le explicó -según admitió el mismo promotor- que “podía hacer las naves” y que “no tendría ningún tipo de obstáculo del ayuntamiento”. Con la luz verde del alcalde pero sin licencia, Acebillo empezó a erigir tres naves (de 300 metros cuadrados cada uno) en unos terrenos que había comprado por poco menos de 40.000 euros y situados en una zona conocida como Mina de Sant Josep.

Los terrenos estaban catalogados como zona “no urbanizable de valor agrícola y forestal”; por lo que no se podía levantar una industria. Pero es que, además, en febrero de 2006 el Ayuntamiento de Cercs aprobó un régimen urbanístico “más restrictivo” y calificó los terrenos como “suelo no urbanizable de interés natural, paisajístico y forestal”.

En junio de ese año, el empresario pidió licencia para una de las naves que iba a construir. Y tanto la arquitecta municipal, Carmen Casa, como el secretario, Pau Llorens, dieron el visto bueno pese a conocer la normativa urbanística. La sentencia también les condena a ambos al pago de una multa por un delito sobre la ordenación del territorio. La construcción, advierte la juez, “no respetaba de ninguna manera la consonancia con el paisaje”. Pese a tener licencia solo para una nave, el empresario construyó tres y convirtió la zona, según el fiscal Antoni Pelegrín, en “un gran complejo industrial” -con chimenea y depósito de biomasa- destinado a la elaboración de productos alimentarios.

Civil afirmó ante la juez que dio la licencia porque tenía el aval de los técnicos. Pero la juez no cree esa versión. Recuerda que en el Ayuntamiento de Cercs “trabajan solo tres funcionarios”, lo que “permite un control de la actividad y su conocimiento por todos los miembros del equipo de gobierno”. El edil también justificó que inició una inspección y ordenó detener las obras. Pero la juez subraya que lo hizo solo cuando se supo investigado por la Fiscalía. El alcalde, concluye, “conocía la ilegalidad” y fue el “mayor impulsor del proyecto que conocía de primera mano”.

La sentencia condena a Acebillo a seis meses de prisión y, además del año de cárcel, impone dos multas por un total de 6.840 euros al alcalde. También ordena la demolición de las tres construcciones y que el Ayuntamiento responda como responsable civil en el caso de que los condenados no puedan pagar las obras dejar la zona tal como estaba antes del proyecto.