La juez imputa a Jordi Pujol por ocultar la fortuna familiar en Andorra

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, tendrá que acudir a los juzgados de Barcelona para dar explicaciones, como imputado, por la fortuna que mantuvo oculta a Hacienda durante más de 30 años. Pujol ha sido citado el próximo 27 de enero junto a su mujer, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos (Marta, Mireia y Pere).

Una juez de Barcelona investiga para averiguar de dónde procede su patrimonio, después de que, en verano, saliera a la luz la existencia de cuentas en Andorra. Según relató el expresidente catalán el 25 de julio, el dinero oculto en el país de los Pirineos procedía de una herencia paterna que el abuelo Florenci Pujol legó a su nuera Marta y a sus siete hijos. La Fiscalía Anticorrupción y la magistrada ponen en duda esa tesis.

Todos los hijos del exlíder nacionalista, salvo uno, están ahora implicados en investigaciones judiciales

El expresidente y su familia podrían haber cometido un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. El pasado julio, la madre y los tres hijos regularizaron los fondos de Andorra —unos cuatro millones, en total— y los depositaron en una cuenta del Banco de Madrid. Ahora deben responder para aclarar si la regularización fue correcta. En el caso de Pujol, es citado a declarar porque “ha asumido la responsabilidad que pudiera derivarse de tales hechos”, recuerda la juez.

La instrucción se ceñirá a esas cinco personas, a menos que se averigüen “otros fondos de los que pudieran haber dispuesto el resto de los miembros de la familia Pujol-Ferrusola, e incluso terceros implicados”. Y se circunscribirá a esos dos delitos: la “ocultación de un patrimonio en el extranjero” obliga a “comprobar si se hizo correctamente”, razonan los autos.

La magistrada ve “sospechoso” que Pujol no “aporte ninguna documentación” sobre el testamento o la aceptación de la herencia paterna. Pero matiza que el resto de hechos denunciados en su día por el sindicato Manos Limpias —malversación o sobornos— quedan, por ahora, descartados. La magistrada Beatriz Balfagón recuerda que los indicios de corrupción política “no aparecen concretados ni resultan evidentes ni palpables”. No se puede sostener, señala, que el dinero “procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras” de la Generalitat en la época de Pujol (1980-2003). “Habrá que aguardar al avance de la instrucción”, señala Balfagón, quien recuerda que no puede hacerse una “investigación prospectiva” para analizar hechos “narrados de forma genérica e imprecisa, sin apoyo probatorio alguno”.

La juez ve necesario ahora “dar la oportunidad a los imputados de ser oídos” y “tomarles declaración”, una decisión que ha generado malestar en el entorno del expresidente al considerarla prematura. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, consideró ayer “normal” la imputación toda vez que Pujol confesó la existencia de una fortuna oculta. Balfagón ha ofrecido a la Abogacía del Estado que se persone en la causa en representación de Hacienda, como perjudicada.

En agosto, la magistrada que ocupaba entonces la plaza de Balfagón envió comisiones rogatorias a Suiza y a Andorra para indagar la posible existencia allí de “cuentas bancarias o instrumentos financieros”. La petición fracasó. Los dos países esquivaron la colaboración alegando que los hechos investigados son demasiado genéricos. La actual instructora sigue esa misma línea, pero ha desistido de solicitar nada a Suiza porque no se ve en condiciones de satisfacer sus “exigencias”. Para enviar información, el país helvético exigía saber la “fecha, lugar, personas implicadas y modo operativo de los hechos delictivos”, así como la “conexión” con Suiza.

La magistrada ha decidido, sin embargo, enviar una nueva comisión rogatoria a Andorra y solicitar, también, información a Liechtenstein tras conocer que aquel país mantiene abierta una investigación por blanqueo de capitales contra el expresidente de la Generalitat. Desde hace unos días, además, la juez tiene en su poder un informe de la Agencia Tributaria que detalla las declaraciones complementarias presentadas por los hijos este mismo verano para aflorar sus depósitos en la Banca Privada de Andorra. Oleguer Pujol también declaró su dinero, pero no ha sido citado a declarar porque ya está imputado, por esos mismos delitos, en un proceso abierto en la Audiencia Nacional que indaga operaciones inmobiliarias irregulares.

El sindicato Manos Limpias presentó, de forma inmediata, una querella contra el exlíder nacionalista y su mujer. La juez ha aceptado ahora que otros partidos —UPyD, Guanyem o Iniciativa— se personen como acusación popular, aunque les advierte de que deben ponerse de acuerdo para actuar con un único abogado.