Las fincas para el banco de tierras tienen escasa capacidad de empleo

El Presupuesto del próximo año incluye una puerta al banco de tierras que demanda IU como elemento “irrenunciable” y que el PSOE se resiste a denominar como tal. Al margen de la disputa por el nombre y por el rédito político de la medida, el artículo 53 sobre reordenación del sector público incluirá las condiciones para enajenar o ceder unas 10.000 hectáreas -la mitad forestales y el otro 50% de secano, principalmente-, con escasa capacidad de generar empleo y cuyas subastas quedaron desiertas cuando salieron a la venta por su limitado valor y la falta de crédito. Las organizaciones agrarias advierten contra este acuerdo si se queda solo en propaganda electoral. Exigen un verdadero sistema que evite los principales problemas rurales: el paro y el abandono de tierras por falta de relevo generacional. Además, creen que se tiene que hacer bien si se pretende que sea una palanca económica.

El presidente de la fundación Savia, de Ecovalia e histórico dirigente ecologista, Francisco Casero, no quiere más medidas insustanciales. Apoya un banco de tierras, “pero de verdad”, advierte. “Y soluciones reales a los problemas reales”, añade. Destaca que las tierras enajenables son de secano, las que no ha querido nadie tras la venta de suelos del desaparecido Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), por lo que su capacidad de generar empleo es muy escasa. Además, advierte que su condición de públicas impedirá a los potenciales usuarios acceder al crédito, por lo que tendrán muchas dificultades para producir.

El secretario de esta fundación, Antonio Aguilera, añade que la propuesta no afronta los problemas de envejecimiento del entorno rural, que ocupa el 90% del territorio y donde solo vive el 20% de la población. Tres de cada diez personas de los municipios más pequeños tiene más de 65 años. Las previsiones apuntan a que este ritmo de despoblación dejaría sin habitantes el campo en dos décadas, con los consiguientes perjuicios para la agricultura, el medio ambiente y la estructura social. Aguilera propone que un verdadero banco de tierras incluya una fórmula de mediación entre aquellas fincas que quedan disponibles y quienes quieran o puedan usarlas como medio de vida, independientemente de su titularidad.

Casero suma dos elementos más imprescindibles para el banco: la financiación y la formación. Ambos son imprescindibles para garantizar que aquellos que quieran volver a la agricultura o la ganadería lo hagan con las herramientas necesarias. Y la propuesta hasta ahora, aunque es inicial, no incluye ninguno de estos aspectos y se limita a establecer quiénes podrán acceder a los suelos públicos (entidades asociativas agrarias y Ayuntamientos) y qué proyectos se primarán (ecológicos y sociales).

Propuesta Savia

Esta fundación propone que se facilite el uso de tierras públicas y privadas, que se oriente hacia el relevo generacional, que se den garantías jurídicas a las concesiones, que sean proyectos viables y que permitan recuperar la inversión y generar tejido industrial. “Crear solo productores no sirve de nada, hay que crear empresarios si nos creemos que el sector agroalimentario es el futuro”, afirma Casero. “El banco es una oportunidad y es necesario, pero tiene que servir para solucionar los problemas”, concluye Aguilera.

“Esta fórmula que proponemos es una solución real”, advierte Casero, quien reclama también un papel fundamental para el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), una de las organizaciones claves para asegurar la formación y la viabilidad de los proyectos.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se suma a esta reflexión. “Es una herramienta que debería haber estado hace mucho tiempo, es fundamental para poner en valor tierras sin aprovechar y para generar empleo. Pero si la tierra se da sin que estén los agricultores detrás, esto no funcionará”, advierte Juan Luis Ávila, secretario en Jaén de la COAG.

“Este banco es una gran oportunidad si se incentiva la incorporación de nuevos agricultores”, indica Agustín Rodríguez, secretario regional de UPA, quien acepta las adjudicaciones a cooperativas, pero no a los Ayuntamientos, como se propugna en el modelo elaborado por IU y PSOE. “La función principal debe ser ayudar a jóvenes agricultores y facilitar el relevo generacional que ahora no está garantizado”, subraya Rodríguez.

El presidente de Asaja en Andalucía, Ricardo Serra, apunta en la misma dirección: “Si el objetivo es que se prime a los jóvenes en el campo lo vemos bien”. Ahora bien, reclama que el proceso de concesiones de tierras se haga “con transparencia y equidad para garantizar que no haya arbitrariedad en las adjudicaciones”. Y, sobre todo, cree que el éxito del banco de tierras estará ligado a su dotación económica por parte de la Junta. “Lo que no tenga un presupuesto claro no existe”, apunta Serra.

Sindicatos

Más recelos suscita el banco de tierras desde los sindicatos del campo. “Esperemos que no sea un mero elemento propagandístico para salvar el pacto de gobierno entre PSOE e IU”, indica Pedro Marcos, de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía. A su juicio, este instrumento, que califica como una “reforma agraria disfrazada”, tendría sentido si llevara aparejadas medidas para el fomento de la comercialización. “Hoy el sector agroalimentario tiene un problema de gestión de mercados”, subraya Marcos que, en todo caso, insta a la Junta a crear una mesa de negociación con todo el sector agrario y los sindicatos para definir la filosofía del banco público de tierras.

Antonio Perianes, de la Federación Agroalimentaria de CC OO-A, lamenta, al igual que UGT, que no se haya contado con los sindicatos del campo, que representan a los más de 500.000 trabajadores agrarios por cuenta ajena que hay en la comunidad (por encima de los 300.000 por cuenta propia). “Lo importante no es el título, sino la letra pequeña del banco público”, señala Perianes. “Si va a tener impacto en el empleo claro que es una herramienta a apoyar”, zanja el sindicalista de CC OO.