El Sergas amplía la privatización de servicios técnicos en los hospitales

El hospital público de A Coruña se quedó sin calefacción durante toda una noche, hace dos semanas, cuando fuera ya caía la temperatura mínima por debajo de los diez grados. La realización durante el día de una revisión obligada para comprobar que el centro estaba libre de legionella llevó a la empresa privada que se encarga del mantenimiento a parar las calderas. Los técnicos, al cumplir su jornada, se marcharon sin encenderlas ni dejar ninguna indicación sobre qué hacer al personal especializado del Sergas que entró en el turno de noche. Es uno de los muchos ejemplos de las deficiencias provocadas por la privatización paulatina de los servicios de los hospitales públicos en Galicia y la costosa duplicación de puestos de trabajo.

 Un proceso en el que la Xunta ahonda con nuevos contratos para entregar a manos privadas, y pese a contar con personal especializado en su plantilla, más áreas de mantenimiento y conservación de los edificios, instalaciones y equipos médicos de la sanidad pública. Es el objetivo del denominado Plan Integral de Eficiencia Energética (PIEE) que llevó a finales de agosto a adjudicar a una empresa, a cambio de 28,5 millones de euros, esos servicios en cinco centros del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (incluidos sus cuatro hospitales) así como en el de A Xunqueira de Cee. Un sustancioso contrato por ocho años que se llevó, entre cinco ofertas, una unión de empresas formada por Altair Ingeniería y Giroa. Cuando se haga efectivo, previsiblemente a principios de 2015, dejará sin funciones a una treintena de técnicos del Sergas. Unos empleados públicos que se verán obligados a marcharse de los centros en los que se ocupan hasta ahora del mantenimiento para concentrarse en el hospital público coruñés, donde ya hay otros 50 trabajadores también de plantilla especializados en todas esas tareas: electricidad, fontanería, carpintería...

Esta nueva entrega de servicios a empresas privadas se suma al contrato que en julio de 2013 y por tres años se llevó Ibérica de Mantenimiento (Iberman) para hacerse cargo, por 25 millones, de la electromedicina en los hospitales gallegos. Una contratación que en año y medio acumula una larga lista de denuncias y deficiencias, algunas graves, en todos los centros públicos. La ausencia de calefacción toda una noche en el hospital coruñés es el último episodio, pero hay más. Un electrobisturí lleva semanas fuera de servicio, al igual que varios equipos de endoscopias, en el Gil Casares de Santiago y en el hospital de Lugo, así como el de telemetría en el complejo hospitalario de la capital gallega. Más de un mes lleva parada la sala de rayos del centro de O Barco (Ourense), el mismo donde la demora en arreglar la única incubadora con respirador obligó a las parturientas a realizar largos viajes hasta la capital provincial. Los equipos de radiología y endoscópicos del Hospital da Costa lucense dan problemas continuos. Y son innumerables las camas eléctricas averiadas y fuera de servicio en todos los centros públicos de Galicia.

Hay denuncias contra la empresa repetidas desde las juntas de personal de todos los hospitales, que rechazan que la privatización suponga ahorro alguno. La adjudicataria no cumple su obligación de tener presencia física las 24 horas, como le obliga el contrato; se acumulan los equipos médicos con las revisiones caducadas o las reparaciones no se hacen con piezas originales, denuncia personal del Sergas. No solo merma la vida útil de esos aparatos, sino que puede tener consecuencias como la del dializador del hospital de Santiago que la pasada primavera ardió mientras se atendía un paciente. “Es la descomposición de la sanidad pública, el Sergas no puede estar pagando por duplicado el mantenimiento de sus hospitales”, denuncian los 84 técnicos del complejo coruñés.

Hay otra área también pendiente de privatización y que amenaza con dejar sin función a 167 trabajadores públicos que esterilizan el material médico en Galicia. Aunque de momento nada se sabe de la contratación de ese servicio, anunciado por Sanidade hace casi un año en el Diario Oficial de la Unión Europea por un importe de 160 millones. El proceso parece paralizado después de que advirtieran contra las consecuencias que entraña no sólo coordinadores de las unidades de esterilización sino también jefes de Medicina Preventiva.