La Cámara de Cuentas alerta de falta de control de las ayudas a autónomos

Las ayudas públicas a las políticas de empleo de la Junta han recibido este viernes un nuevo varapalo. Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las subvenciones concedidas a los autónomos desde 2007 a 2013 destaca no sólo la falta de control sobre las mismas, sino también la inexistencia de medidas de evaluación para comprobar su eficacia.

No es la primera vez que el órgano fiscalizador cuestiona la utilización de recursos públicos relacionados con el empleo. Lo hizo con los fondos destinados a los ERE y a los cursos de formación, casos que investigan los juzgados por supuesta malversación.

La ejecución del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, durante el periodo 2007 a 2013, ha tenido “falta de coordinación, seguimiento y control, así como de continuidad de las ayudas concedidas. La ausencia de mecanismos adecuados de evaluación impide medir el impacto de las acciones contempladas en el plan y el cumplimiento de los objetivos previstos”. Esta es la conclusión a la que llega la Cámara de Cuentas de Andalucía, que preside Antonio López, en un informe de fiscalización de estas ayudas hecho público este viernes.

La Junta destinó, a través de la Consejería de Empleo y de la agencia Idea, en la etapa auditada 356 millones de euros para el autoempleo a más de 48.000 autónomos, de los que ha pagado 330 millones. De esta cantidad, 33 millones han vuelto a las arcas públicas. A septiembre de 2013 las cantidades pendientes de justificar y con plazo límite vencido, es decir, abocadas a iniciar procedimientos de reintegro, ascienden a 115 millones de euros, el 34%. Los auditores elavan esta cifra a 138 millones y al 42%, cuando incluyen 23 millones que se encuentran ya en procedimiento de reintegro.

El órgano de fiscalización insta a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a “gestionar con la mayor urgencia los importes en situación de riesgo de prescripción” ya que de lo contrario pueden incurrir en responsabilidad contable. Los auditores advierten de que hay “un elevado riesgo de caducidad” porque la Consejería de Economía “no ha pasado ninguno” de los expedientes a la Consejería de Hacienda, el departamento competente para recaudar el dinero público. Según el órgano fiscalizador, hay 3.824 ayudas concedidas por un importe total de 20 millones de euros en esta situación.

También destaca que el 77% de las ayudas se concedió en “concurrencia no competitiva” y que hubo ocho resoluciones de exoneraciones que adolecen de “falta de motivación”.

El secretario de Economía, Gaspar Llanes, ha achacado a la “falta de recursos humanos” el que haya 15.522 expedientes sin verificar por parte de la Junta y opinó que “no se producirán prescripciones”. Ha admitido que ayudas por 3,2 millones no se han verificado a tiempo.

La diputada del PP, Teresa Ruiz Sillero, ha asegurado que la política de empleo del PSOE “siempre está ligada a la falta de control e irregularidades”.