Víctimas del Alvia denuncian al Gobierno español ante la Eurocámara

La Plataforma de Víctimas del accidente de tren de Santiago, una de las dos asociaciones de afectados por el siniestro que hace un año y medio dejó 79 muertos y decenas de heridos, ha presentado esta mañana dos denuncias formales contra el Estado español ante el Parlamento Europeo. Consideran que hubo “publicidad engañosa” sobre las características con que contaba la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en la que descarriló el tren Alvia y que se incumplieron varias normativas europeas de seguridad.

Las denuncias, formalizadas ante la oficina que la eurocámara posee en Madrid, consideran que el Estado “engañó gravemente a todos los ciudadanos respecto a la seguridad y características de la alta velocidad”. Con esa denominación inauguró en diciembre de 2011 la línea Ourense-Santiago el gobierno socialista de entonces, y así la siguió catalogando después el actual ejecutivo popular. Sin embargo, tras el accidente del Alvia, responsables de ambos gobiernos se apresuraron a negar esa denominación, según las víctimas para no perjudicar los intereses internacionales de las empresas españolas constructoras de líneas de alta velocidad. Con el paso del tiempo, a medida que ha avanzado la instrucción judicial del accidente, el Gobierno ha acabado reconociendo que el tren descarriló en una línea de alta velocidad. Las víctimas acusan al Estado de publicitar “de manera engañosa que los ciudadanos contábamos en ese tren y en esa línea con la última tecnología y con sistemas de conducción automática que incrementaban la seguridad de los pasajeros”. Se refieren al sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) propio de las líneas de alta velocidad, que no estaba instalado en las vías en el lugar del accidente sino solo hasta cuatro kilómetros antes. También estaba desconectado a bordo del tren, por lo que tampoco pudo evitar con antelación el despiste con el que circulaba el maquinista, Francisco José Garzón, único imputado por el accidente y del que dependía en exclusiva frenar el convoy de 200 a 80 kilómetros por hora para pasar por la curva de Angrois.

La otra denuncia de las víctimas habla de “incumplimientos del Estado español de la normativa que afecta a la seguridad ferroviaria”, en particular en líneas de alta velocidad. Los afectados dicen que, entre otras cosas, no se cumplieron las obligaciones de que el órgano de investigación técnica de los accidentes sea independiente ya que sus miembros fueron nombrados por el Ministerio de Fomento; que no se realizó un control de riesgos para autorizar la desconexión del ERTMS, y que no se homologó correctamente el Alvia híbrido, diseñado a partir de un tren eléctrico al que se incorporaron dos vagones adicionales con generadores diésel para poder circular en líneas no electrificadas.

Las víctimas dicen sentirse en “total desprotección” frente a Renfe y Adif, las empresas públicas gestoras del tren y la línea, respectivamente. Técnicos y exdirectivos de ambas fueron imputados por el juez instructor de la causa, pero la Audiencia Provincial de A Coruña les levantó por dos veces los cargos, dejando actualmente al maquinista como único imputado. Ambas empresas públicas siempre han defendido que cumplieron todas las normas existentes en el momento del accidente, pese a lo cual no pudo evitarse, lo que las ha llevado a reformar esas reglas y procedimientos.

La presentación de las denuncias ante el Parlamento Europeo ha contado con la presencia de representantes de varios partidos de la oposición, como la diputada de IU en el Congreso Caridad García, la diputada de UPyD en la asamblea de Madrid Elvira García o la eurodiputada del BNG Ana Miranda. Según criticó esta última, “una catástrofe de esta envergadura sería objeto de investigación en cualquier Parlamento europeo menos en el Estado español, lo que es indicativo de que algo se está escondiendo y que no quieren que se sepa la verdad”.