La indemnización por el ’caso Castor’ llega a la Comisión Europea

La defensora del pueblo europeo, Emilly O'Reilly, ha hecho llegar al secretario general de la Comisión Europea el informe elaborado por el Síndic de Greuges sobre el proyecto Castor, el almacén de gas submarino ubicado frente a la costa de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona), cuya actividad se ha relacionado con al menos 500 seísmos ocurridos en septiembre de 2013.

La medida era una de las recomendaciones incluidas en el informe elaborado por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para utilizar todas las herramientas legales con el objetivo de suspender el Real Decreto Ley que concedió una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa impulsora de la explotación del almacén, Escal UGS. En concreto, el defensor del pueblo de Cataluña sugirió a su homóloga europea solicitar que en el marco de sus competencias se investigase de oficio si la actuación del Estado concretada en el decreto ley constituye “una ayuda de estado prohibida por el Tratado fundacional de la Unión Europea”, ha informado este miércoles el Síndic de Greuges.

Esta alternativa de la Comisión Europea es una medida llevada a cabo de manera paralela al recurso contra la indemnización millonaria que la Generalitat ha anunciado que presentará ante el Tribunal Constitucional. El informe del defensor del pueblo catalán, ahora en manos de la Comisión Europea, es el resultado de casi un año de investigaciones sobre la legalidad y la actuación de la Administración en torno al almacén de gas, especialmente con la aprobación en octubre de este año del Real decreto ley que reguló la retirada de la infraestructura.

El almacén nunca llegó a dar servicio y permanece cerrado desde que en septiembre del año pasado el Gobierno decidiera paralizar la inyección de gas después de registrarse en la zona terremotos de magnitud superior a 4 en la escala de Richter. La oleada de seísmos atemorizó y causó indignación entre los vecinos de Vinaròs y Alcanar. La indemnización de 1.350 millones a Escal UGS, controlada en un 66,7% por ACS, repercutirá en el recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. El 11 de noviembre el dinero ya había sido abonado, según los resultados enviados por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“El caso es una nueva demostración de que el Gobierno piensa más en los intereses de las grandes empresas que no en las personas en situación de vulnerabilidad”, sostuvo el consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, el 14 de noviembre tras anunciar que la Generalitat estaba ultimando un recurso al Tribunal Constitucional (TC) para que dictamine si la actuación del Gobierno en la indemnización a los promotores del almacén Castor fue constitucional.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, defendió la transparencia de la operación. “No ha habido opacidad, dado que todos los requisitos para poder hacer ese pago están reflejados en la norma”, indicó Soria, quien a la vez precisó que “el Gobierno no ha pagado nada”, sino que “ha pagado el gestor del sistema gasista”, Enagás.

El presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, se sumó entonces a las críticas al Gobierno. Costas consideró que el pago de la indemnización a las empresas promotoras del Castor se hizo “con nocturnidad y alevosía”.