Cuatro monjas trabajan en el Sergas como personal sanitario sin oposición

Isabel Torres García, exdirectora del Hogar Madre Encarnación de Lugo imputada en la Operación Bebé por supuestas irregularidades en los procesos de adopción de bebés, destapó sin percatarse el lunes pasado en su declaración judicial que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) tiene en nómina monjas de su orden, las Terciarias Franciscanas, y que hasta hace apenas cuatro años les cedió una planta para su uso como vivienda en el hospital Xeral Calde de Lugo. En videoconferencia desde Cádiz, en donde reside, la monja imputada se sometió al interrogatorio de los abogados de las partes personadas en el caso y la sorpresa ante la revelación llevó a uno de los letrados a anunciar su disposición a investigar estos hechos que la Consellería de Sanidade ha confirmado a este diario.

Cuatro monjas de las Terciarias Franciscanas trabajan actualmente como auxiliares de enfermería en el hospital de la red del Sergas en Lugo. Las religiosas, que poseen la titulación necesaria, no se someten a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder a los empleos como el resto del personal. El Obispado de Lugo las elige a dedo, a propuesta de la congregación, y la Xunta les permite desempeñar esta función sin necesidad de que se superen una oposición o se ajusten al cribado de la lista.

Sanidade sostiene que esta singularidad es consecuencia de un convenio firmado en 1990, antes del traspaso de transferencias a la Xunta, por el director general del antiguo Insalud y la orden religiosa, vinculada al Calde desde su inauguración, en 1959. En aquel momento, el Insalud asumió dos enfermeras y siete auxiliares para el hospital lucense. Transferidas las competencias, la Xunta optó por mantener el convenio que llega hasta la actualidad.

Pese a los contratos en precario que denuncia el personal sanitario de la Xunta y el recorte de empleos hospitalarios —solo se cubren 10 puestos por cada 100 jubilaciones—, Sanidade mantiene, sin sacarlos a oposición, los empleos de las cuatro monjas. El departamento que preside Rocío Mosquera sostiene que están reduciendo el número de religiosas “en base a no incorporar más”; esto es, a no cubrir sus jubilaciones. La delegada de CIG-Saúde en Lugo, Carmen Airas, asegura que a partir de 2010, cuando se inició el traslado del Xeral al nuevo hospital Lucus Augusti, aparecieron las cuatro vacantes de las religiosas que el sindicato reclamó para que salieran a concurso: “Pero nos dijeron que se reservaban para ellas por el convenio suscrito con la Iglesia”, señala Airas.

Las cuatro monjas no son el único personal religioso en nómina del Sergas. Sanidade destina más de medio millón de euros de su presupuesto anual a pagar las nóminas de 41 curas católicos que trabajan como capellanes en los hospitales públicos. Los sacerdotes están incluidos como personal estructural del Sergas (tienen el mismo régimen jurídico y económico que el resto del personal laboral) desde que en 1995 el entonces conselleiro de Sanidade, José Manuel Romay, firmó un convenio con la Iglesia que fue prorrogado luego por el bipartito.

Aunque el Sergas sostiene que no cubre las vacantes de las sanitarias religiosas, sí lo hace con las de los capellanes. La CIG denuncia que en el Hospital da Costa, en A Mariña, Sanidade ha tenido que recurrir a “una especie de sacerdotisa para dar la extremaunción” tras la jubilación del capellán. El sindicato destaca que “mientras se destruyen las plazas sanitarias se mantienen las de los curas, elegidos por el obispado pero que cobran nóminas públicas que paga el Sergas”. “No tenemos resonancia magnética por falta de espacio pero sí unas dependencias enormes dedicadas al culto religioso católico”, censura el delegado de la CIG en el Hospital da Costa, Adolfo Corral.