La Audiencia de Sevilla da un revés a Alaya en el ‘caso Mercasevilla’

Nuevo varapalo de la Audiencia Provincial de Sevilla a la juez Mercedes Alaya. En esta ocasión, por su instrucción de la venta de suelos en la empresa pública Mercasevilla. Tras estimar un recurso de la fiscalía, la Sección Primera ha anulado el auto en el que la magistrada procesaba por este supuesto fraude a 16 personas, entre ellas, el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y al exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño. En su resolución, la Audiencia ordena que se “retrotraigan las actuaciones al trámite anterior del auto del 20 de diciembre de 2013”, en el que la juez daba por concluida la instrucción y convertía las diligencias previas en procedimiento abreviado. Este revés supone un nuevo retraso en una instrucción que acumula ya cinco años.

La decisión de la Audiencia deriva del recurso presentado por la fiscalía contra la decisión de la magistrada de sumar al caso, el pasado febrero, documentación aportada por dos imputadas y ordenar nuevas diligencias. En ese escrito, la fiscalía solicitaba la anulación del auto de procesamiento al considerar que se ve privada “al igual que las demás partes, del examen de la documental aportada y de la valoración de las pruebas que con la misma se solicitaron, lo que pudiera, una vez practicadas, tener efectos en el oportuno recurso y en la concreción de cada una de las posibles imputaciones”. Asimismo, alegaba que “no resulta procedente” que se ordenaran nuevas actuaciones “pues la fase de instrucción estaba concluida”. De ser “pertinentes”, apunta, Alaya debía haber anulado la resolución del pasado diciembre.

En dicho escrito, la juez Alaya acusaba a estas 16 personas de los delitos de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad por, entre otras cosas, amañar supuestamente un concurso público para favorecer a Sanma, una filial de la constructora Sando.

Ahora la Audiencia apoya la tesis de la Fiscalía de Sevilla y anula dicho auto. Los magistrados creen que la actuación de la fiscalía se habría “visto limitada” al ser incorporadas a posteriori dichas pruebas. “La fase de preparación del juicio oral en el procedimiento abreviado no responde a la finalidad de completar la fase de instrucción previa”, exponen los jueces en su resolución, al aludir a otras sentencias del Tribunal Constitucional. Además, recuerdan que una vez abierto el procedimiento abreviado le corresponde al ministerio público y a las partes acusadas “valorar las diligencias de prueba que se practiquen”. Pese a ordenar que se retrotraigan las actuaciones, el tribunal declara “la validez de las diligencias de investigación practicadas con posterioridad”, en referencias a otras declaraciones tomadas por Alaya.

En su argumentación, la Audiencia también atiende la alegación presentada por una de las dos imputadas que aportó nueva documentación con posterioridad al cierre de la investigación. Según la acusada, con esta información, “el auto de procedimiento abreviado habría sido esencialmente distinto en lo que se refiere a la situación procesal de alguna de las partes”.

Este no es el único reparo que la fiscalía ha puesto a Alaya en la fase final de la instrucción de esta rama del caso Mercasevilla. Ya en diciembre, el fiscal tuvo que advertir a la juez de que no podía transformar las diligencias previas en sumario, dada la entidad de los delitos y las penas que acarreaban. Tras rectificar, Alaya convirtió las diligencias previas en procedimiento abreviado.

La decisión de la Audiencia se conoce dos semanas después de que la propia fiscalía pidiera para Torrijos y otros nueve procesados dos años de prisión, entre ellos, el ex director general de la lonja Fernando Mellet y el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo. El fiscal, que excluye a los otros seis procesados, les acusa de un delito de fraude y exenciones fiscales por su presunta implicación en el amaño del concurso público. La fiscalía solicitó también para el exportavoz de IU, quien dejó el cargo a finales del año pasado, ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. Asimismo, el ministerio público reclamó que se declare nulo el procedimiento. A la petición de dos años se sumó a los pocos días la representación letrada de la lonja.