Un juzgado ordena investigar al SAT por supuestas irregularidades

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha ordenado una investigación al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), denunciado por antiguos miembros de esta organización por supuestas irregularidades en cursos de formación, en el uso de indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y en los pagos a la Seguridad Social. El País no obtuvo respuesta a las reiteradas llamadas a la organización para obtener su versión.

El exportavoz del SAT en Almería Mariano Junco informó de que la juez titular ha ordenado en la diligencia 5754/2014 que la policía indague en los datos aportados por una veintena de miembros de esta organización por si hubiera indicios de delitos. En la denuncia figura el portavoz nacional de este sindicato, Diego Cañamero, y los responsables del mismo en Almería, Federico Pacheco y Laura Góngora.

Según la denuncia, a raíz de un déficit detectado en las cuentas del sindicato, Góngora explicó que, ante “una serie de nuevos gastos”, se habían visto obligados a “disponer de las indemnizaciones que el Fogasa había abonado a favor de trabajadores extranjeros”, cuya identidad se refleja en el texto remitido al juzgado.

También detallan los anteriores dirigentes del SAT en Almería que esta organización recibió 9.900 euros para dos cursos de formación a trabajadores inmigrantes y para enseñar a asesores sindicales en asuntos relacionados con los extranjeros, una comunidad de gran importancia en esta provincia andaluza y donde la entidad de los jornaleros focalizó su labor. La denuncia asegura que los cursos “no se han impartido y que el dinero nunca llegó a la cuentas del sindicato en la provincia”.

Según detalla Junco y el resto de firmantes del escrito que ha dado pie a la investigación por orden del juzgado, ante la pretensión de encomendar una auditoría externa sobre la organización, la dirección de esta decidió destituir al responsable provincial y al resto del comité almeriense, tras lo que se creó una gestora.

Añade la denuncia que en la organización ha habido trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, algunos de ellos inmigrantes. En este sentido, la denuncia identifica a una asesora que cobra en b y a un trabajador extranjero que percibe una pensión por incapacidad y cobra del SAT “sin dar de alta y al margen de la legalidad”.