El PP sigue enfrentado a todos por el sistema de protección social

Los servicios sociales y el sistema vasco de protección siguen en la primera línea de la confrontación política. El PP continúa enarbolando esa bandera como elemento diferenciador y de presión contra el Gobierno, en un debate en el que sigue solo frente al resto de los partidos del arco parlamentario.

La diputada alavesa de Servicios Sociales de Álava, Marta Alaña (PP) y la parlamentaria de ese partido, Laura Garrido, cargaron este lunes contra el Ejecutivo de Iñigo Urkullu en el Parlamento por la financiación de algunos aspectos de la nueva regulación de los servicios sociales, y por el “fraude” en la Renta de Garantía de Ingresos.

Alaña denunció ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales que las diputaciones están desempeñando algunas funciones de carácter sanitario como la atención que se presta en las residencias de mayores, que no están siendo financiados por el Gobierno, y reclamó una modificación de la Ley de Aportaciones o de los coeficientes que regulan los fondos que las haciendas forales aportan al Ejecutivo para corregir éste y otros problemas de financiación.

El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, confió en que las instituciones de Euskadi alcancen el 19 de diciembre un acuerdo para el desarrollo efectivo de esa Ley, dado que sin un pacto de estas características, dicha normativa no servirá para nada, “será papel mojado”, le respondió.

Ese día se reunirá el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales y en esa reunión, según Aburto no se fijará un “punto de llegada”, sino que se tratará de alcanzar una posición común desde la que “seguir avanzando”. Aburto se mostró partidario de establecer un fondo para financiar los nuevos servicios sociales que se determinen finalmente. En su opinión un instrumento de este tipo tendría que tener una dotación anual.

Inmediatamente después, la parlamentaria vasca del PP, Laura Garrido, acusó a Aburto, también en el Parlamento aunque no en la comisión, de “tergiversar datos e intentar confundir a los ciudadanos vascos”. En su opinión el fraude, que el resto de los partidos creen abusos, en el cobro de ayudas sociales, se eleva a 20,9 millones y no a 3,8 como dice Aburto.

Garrido aseguró que el consejero trata de “ocultar información” sobre la cuantificación del fraude en el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y sobre la empleabilidad de este colectivo y utiliza los datos de forma “interesada”.