El Gobierno lanza su campaña por el acercamiento de presos de ETA

El Gobierno vasco quiere que la administración central ponga fin a la "excepcionalidad" de la política penitenciaria española tras el fin de ETA.  El Secretario General de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha anunciado que quiere "abrir un diálogo" con el Gobierno de Mariano Rajoy, operadores jurídicos, grupos parlamentarios y agentes sociales sobre un documento que ha elaborado titulado 'Zuzen Bidea' (camino recto) en el que además de 20 propuestas para avanzar en "la normalidad en el derecho penal y penitenciario" tras el fin de ETA, reclama el traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi, el acercamiento de los presos o dar respuesta al compromiso asumido por los reclusos de la 'Vía Nanclares'.

En una comparecencia ante los medios de comunicación Fernández, ha presentado el documento 'Zuzen Bidean', que contempla diez medidas que puedan aplicarse sin modificaciones legales y otras diez que sí precisarían de reformas legislativas. Fernández ha recordado que "es opinión de muchos juristas que, en los últimos años, la lucha contra el terrorismo se deslizó hacia prácticas interpretativas y de cambios legales que cabe enmarcar en el ámbito de lo excepcional", punto de vista que comparte el Ejecutivo vasco. "Ese proceso encontró su punto culminante en la aprobación de varias leyes orgánicas en 2003 mediante las que se introdujeron límites difusos en las conductas tipificadas como terroristas, se debilitaron las garantías de procedimiento, se alargaron las penas hasta lindarlas, prácticamente, con la cadena perpetua o se introdujeron medidas que entorpecían gravemente la posibilidad constitucional de reinserción", ha subrayado. Tras apuntar que ahora ha desaparecido "la amenaza de retorno del terrorismo de ETA", ha destacado que "es necesario recomponer la normalidad penal y penitenciaria".

"La no existencia del riesgo de reincidencia es argumento más que suficiente para considerar pertinente este objetivo", ha señalado. En su opinión, "la normalidad penal y penitenciaria es un consenso social clave para la normalización de la convivencia". También ha recordado que se está "en un contexto de normalización", de forma que "la sociedad, la política y las instituciones se encaminan hacia la normalización". "Y también en materia penal y penitenciaria, éste debería ser el elemento central", ha aseverado. La propuesta 'Zuzen Bidean' se enmarca dentro a la iniciativa ocho del Plan y Convivencia del Gobierno vasco y es un documento complementario al programa 'Hitzeman', de promoción de procesos legales de reinserción. El texto contiene 20 propuestas divididas en dos bloques, las que no necesitan modificaciones legales y las que sí implican reformas legislativas.

El Gobierno pide la transferencia de prisiones

Las diez propuestas de cambio, sin modificación legal, que, según ha explicado Jonan Fernández, contribuyen a la normalización política y social de la convivencia, son la transferencia de prisiones; el acercamiento de los presos; aplicar la ley en el caso de los presos enfermos; agrupar a presos con hijos en un mismo centro penitenciario; o la puesta en libertad condicional de las personas mayores de 70 años. También se encuadran en este bloque la aplicación "con normalidad e igualdad" de trato los beneficios penitenciarios a todos los presos; la aplicación de medidas legales en el caso de condenados por actividades "antes ilegalizadas y ahora normalizadas"; dar una respuesta institucional y oficial al compromiso asumido por los presos de la Vía Nanclares; institucionalizar experiencias como Talleres de Convivencia y Encuentros Restaurativos; y promover políticas de reinserción como la que representa 'Hitzeman', mediante la colaboración interinstitucional. Fernández ha insistido en que "todas estas propuestas están hoy dentro de las posibilidades que ofrece la legislación" y su aplicación depende de la voluntad política y de la interpretación de los poderes del Estado. 

También solicitan la

La diez propuestas de modificación legal, incluyen tres de reforma de distintos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) en el ámbito de las garantías del proceso. Se trata de la supresión de la detención incomunicada; la reducción de la duración de la prisión provisional; y el secreto de las comunicaciones e inviolabilidad del domicilio. Asimimo, el documento pide la creación de herramientas legales de aplicación de las demandas de los organismos internacionales ante la tortura en materia de investigación, prevención y reparación la tortura. En lo relativo al cumplimiento de penas, propone una derogación o modificación de la Ley Orgánica 7/2003 de medidas de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y de la Ley General Penitenciaria, "a partir de la desaparición del riesgo de reincidencia y con el objetivo de promover la reinserción". Por otra parte, plantea que el cómputo de condenas cumplidas en otros países, se realice conforme a la interpretación que, de la Decisión Marco 2008/ 675/JAI del Consejo de Europa, se contiene en la sentencia 186/14 del Tribunal Supremo. En materia de ejecución penal, alude a la modificación del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) "orientada también al fin de la reinserción".

Asimismo, reclama, "para retornar a la normalidad", la modificación de varias leyes, de modo que la competencia de los jueces de vigilancia, pase del Juzgado Central a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria territoriales. En lo referente al derecho sustantivo, se hacen tres propuestas que afectan a los artículos 576, 577 y 578 del Código Penal referentes a la proporcionalidad de la pena, "tal y como recomienda el Relator de Naciones Unidas para los derechos humanos"; la ubicación dentro del ámbito de los delitos comunes de las conductas violentas no enmarcadas dentro de una organización terrorista; y la eliminación de "límites interpretativos difusos en las garantías de protección que precisa el derecho fundamental a la libertad de expresión". SIN ATAJOS La propuesta se titula Zuzen Bidean porque la Secretaría de Paz y Convivencia sugiere "abandonar los atajos y retornar al camino del derecho". Este texto pretende ser una herramienta "para incentivar el debate".

Hay que abrir el diálogo con la administración central"

El Gobierno Vasco quiere "abrir un diálogo" sobre esta materia con el Ejecutivo español, operadores jurídicos, grupos parlamentarios y los agentes sociales. Fernández ha señalado que este documento es "el punto de partida y referencia" para ese diálogo. Con esta propuesta, el Ejecutivo dirigido por Iñigo Urkullu "define un marco de referencia y trabajo para toda la legislatura". "Sabemos que no es fácil lo que estamos planteando, no porque no sea justo o normal lo que estamos planteando, sino porque las condiciones en las que se desenvuelve hoy la política en el Estado en esta materia, son complicadas", ha apuntado. La pretensión del Gobierno vasco es "poner encima de todas las mesas" este documento "y tratar de avanzar en cada una de las propuestas y en la reflexión conjunta sobre la necesidad de una vuelta a la normalidad penal y penitenciaria, atendiendo, no a lo que dicte el Gobierno vasco, sino a lo que piden los relatores internacionales en esta materia".

" Jonan Fernández se ha referido al hecho de que el Gobierno español pretenda evitar que se les descuente a los presos de ETA la pena cumplida en Francia, y ha considerado que "es insólito e inaceptable" que el PP "contraprograme al Tribunal Supremo, que establece una doctrina con una sentencia que adopta hace algunas semanas en relación a cómo deben computarse los periodos de prisión pasados en otros países". En este sentido, ha recordado que el PP crea "una doctrina alternativa a la que ha generado el Tribunal Supremo". "Esto es incomprensible, inaceptable y una ruptura de las reglas de juego no escritas en democracia", ha concluido.