El gobierno valenciano es el que más tarda en pagar a la dependencia

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha cifrado en 165 días el plazo medio de pago a los centros de atención a los dependientes, un plazo que triplica el tiempo de pago en otras Comunidades Autónomas, según los datos aportados por distintas asociaciones autonómicas.

Los datos recogidos por Aerte muestran que comunidades como Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia o Murcia tardan entre 40 y 60 días en abonar las cantidades pendientes; Andalucía tarda una media de 120 días y Castilla la Mancha 90, según la información aportada por los empresarios de dependencia. Pese a existir retrasos en el pago en las demás comunidades, Aerte remarca que "ninguna llega al caso de la Comunidad Valenciana, que tarda como mínimo una media de 165 días, entre cinco y seis meses, en abonar las partidas mensuales a los más de 200 centros y servicios de atención a la dependencia".

Aerte ha criticado que esta es "una situación insólita en toda España, ya que llega a triplicar el plazo medio de pago respecto a la mayoría de las Comunidades". Según sus datos, la deuda acumulada con el sector valenciano a finales de noviembre "se situará en más de 80 millones de euros si el Consell sigue sin abonar este mes las cantidades pendientes".

La patronal de la dependencia ha señalado que las partidas más afectadas son las plazas concertadas, con más de 25 millones de deuda acumulada y entre siete y ocho meses sin cobrar; las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública (17,4 millones de deuda y entre cinco y seis meses de impagos) y las plazas de personas mayores (con más de 23 millones y el mismo tiempo de deuda).

En la lista también se incluye la deuda de más de ocho millones por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental o a personas tuteladas por la Generalitat y más de un año de impago; el sistema Bono residencia, centro de día o respiro, con más de dos millones y donde no se ha abonado cantidad alguna durante un año a la mayoría de centros y aquellos que funcionan bajo el sistema de subvenciones, con más de cuatro millones de deuda acumulados durante seis meses.

La directora general de Aerte, María José Mira, ha indicado que los centros de esta comunidad "no pueden estar más tiempo anclados en una situación que se remonta a más de cuatro años, por la ineficacia del Gobierno autonómico para establecer un plan de pagos y cumplirlo". Mira ha criticado que "la incapacidad de ponerse al día en los pagos asfixia al sector desde hace años" y también ha lamentado "la falta de respuesta a la petición ya histórica de un plan de pagos equilibrado que permita normalizar una situación básica, como es su derecho a cobrar todos los meses y atender los aplazamientos de deuda con los préstamos que las empresas están solicitando a la banca para seguir sobreviviendo, y atender a más de 22.000 personas".

Con respecto a la situación de los tutelados, Mira apunta que "los tutelados sean prioritarios para una Consejería de Bienestar Social, que tiene los mismos problemas sin resolver que hace años es un mal que debe mirarse con urgencia. Todo el año sin abonar estos servicios dice mucho de la prioridad de la Administración valenciana en este ámbito".

Por otro lado, Aerte ha acusado al Gobierno valenciano de seguir "incumpliendo la Ley de Dependencia en la resolución de expedientes". "La ley fija su resolución en un plazo máximo de seis meses, mientras la Comunidad Valenciana mantiene bloqueados, en algunos casos desde 2011, más de 10.000 expedientes de personas que ya han sido reconocidas dependientes graves o severas y que esperan la resolución de un expediente que parece que nunca llega", ha descrito.

Aerte ha destacado que la Comunidad Valenciana es "la sexta con más personas pendientes de recibir la prestación, (23,63% dependientes a la espera), según datos del IMSERSO de septiembre de este año", con lo que se sitúa casi cuatro punto por de bajo de la media nacional. "Aun así, es la única comunidad que no cumple con el plazo máximo de 6 meses legalmente establecido", ha recalcado.

Según Mira, "casi cuatro años después de estar reclamando su resolución, muchos familiares o han desistido o han visto fallecer a la personas dependiente sin ver su expediente resuelto. Muchos también han desistido en poder elegir centro ya que es la única forma que tienen de ver su expediente resuelto en menos de dos meses. Todo ello, a pesar de tener una sentencia judicial sobre sus espaldas en las que el juez obliga a la Consejería a resolver respetando la libertad de elección del dependiente".