Más de 1.000 inmigrantes denuncian desatención sanitaria en dos años

En los últimos dos años, el Obsevatorio Valenciano del Derecho Universal a la Salud (Odusalud), ha detectado 1.004 casos desatención sanitaria pública a personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana. En más de la mitad de los casos, los pacientes no llegaron a ser recibidos por un médico y aunque la normativa mantiene el derecho a la asistencia gratuita a todos los menores, 94 de ellos tuvieron problemas para ser atendidos, según ha denunciado este martes la entidad. La media de incidencias mensuales no ha parado de crecer en un contexto en que la Consejería de Sanidad prefiere no valorar los datos porque, asegura, "no niega la asistencia a ningún ciudadano".

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema de salud, miles de personas se quedaron sin cobertura sanitaria pública gratuita en España. Cerca de 70 entidades y colegios profesionales, entre ellas Médicos del Mundo, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, Cáritas o la coordinadora valenciana de ONGDs, se unieron en el observatorio Odusalud para recoger datos sobre el impacto de la ley en la Comunidad Valenciana.

Su último informe muestra que entre 2012 y 2014 la media mensual de vulneraciones del derecho a la salud ha pasado de 36 a 43 por la mayor actividad de las organizaciones y, según Odusalud, también por la escasa difusión e impacto del Programa Valenciano para la la Protección a la Salud, creado por la Generalitat en 2013 para ampliar la cobertura a personas que la habían perdido. Aunque la entidad denuncia que de los 78.000 inmigrantes a quienes se retiró la tarjeta en 2012 solo 3.500 la han recuperado con este plan, la Consejería de Sanidad ha cifrado esta cantidad en "más de 4.000 personas".

El noveno informe del observatorio recoge hasta 1.004 problemas de acceso a la salud en dos años, 565 de ellos (56,3%), consistentes en la imposibilidad de recibir atención médica. Odusalud ha registrado que el 10% de los casos afecta a menores, pese a tener garantizada por ley la atención gratuita. Aunque la mayoría de casos (61%) afecta a personas en situación irregular, el 23% tienen residencia comunitaria y el 5% son personas españolas.

La Consejería de Sanidad ha replicado que "no es posible cotejar la veracidad" de estos datos y aseguró que la asistencia sanitaria "se presta a los extranjeros según la normativa". Sin embargo, según el balance de las incidencias de la aplicación del Real Decreto 16/2012, el 21,8% de los problemas derivan de la exigencia de firmar un compromiso de pago antes de ser atendido, lo que ocasiona, según Odusalud, un "preocupante" efecto disuasorio en un gran número de pacientes que es difícil de cuantificar.

La entidad explica que uno de los colectivos con mayores problemas es el de los ciudadanos rumanos porque, aunque tienen derecho a la asistencia por ser comunitarios, tienen problemas para obtener el certificado de exportación del derecho a la asistencia y en ocasiones se les facturan las consultas.

Aunque la Generalitat lo niega, Odusalud asegura que "se siguen registrando casos de niños, mujeres embarazadas o ciudadanos comunitarios" que, teniendo por ley derecho a la asistencia sanitaria gratuita, "se han visto privados de diagnósticos, tratamientos y cuidados adecuados o incluso imprescindibles para su supervivencia, su curación o el mantenimiento de su calidad de vida".