Antifraude cavila si investiga el préstamo de la Generalitat a Panrico

Un grupo formado por dos trabajadores, dos extrabajadores y dos personas del comité de apoyo a la planta catalana de Panrico han puesto una demanda en la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) para que esclarezca si la Generalitat ha incurrido en un fraude al prestar ocho millones de euros a una compañía que está “pendiente de ser sancionada” por vulnerar el derecho de huelga y de la que sospechan ha utilizado este crédito para financiar despidos, según consta en el documento entregado el pasado 3 de noviembre a la OAC.

El grupo ha lamentado en una rueda de prensa este jueves en el Parlament que el Gobierno catalán contribuya a paralizar el proceso sancionador que Inspección de Trabajo abrió a Panrico por no respetar la huelga, realizada entre octubre de 2013 y junio de este año. Calculan que por lo menos 2.000 tráileres con productos del fabricante de Donuts y Bollycaos entraron en Cataluña desde otras comunidades autónomas durante los ocho meses de paro, violando su derecho a huelga. La estimación se basa en datos de Inspección a los que tuvo acceso la CUP, explicaron. Más de un año después de que el organismo empezara a constatar estas infracciones, todavía no ha impuesto ninguna multa. El retraso se debe a las alegaciones presentadas por la Generalitat y Panrico.

“Es como si recibieran un premio. Con el dinero prestado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) se pagarán las sanciones que el propio Departamento de Empresa –del que depende el ICF– les va a imponer”, ha afirmado uno de los firmantes, que han reprochado al consejero Felip Puig no haber hecho “ningún intento de mediar” en el conflicto sino “de defender los intereses” de Panrico. “Debe, por lo menos, investigar o hacer un seguimiento del dinero que da. Porque es sintomático que el mismo día en que la prensa hace público el préstamo, se eche a 60 personas más”, ha asegurado uno de ellos. “El dinero público, que tanta falta nos hace a todos, no está para despedir trabajadores”, ha añadido.

Fuentes de la compañía han negado que haya una relación entre estos despidos y el préstamo: "Los despidos se hicieron según las previsiones del expediente de regulación de empleo (ERE) y el crédito fue concedido cuatro meses antes de que saliera la noticia en prensa", han asegurado fuentes de la empresa. Antifraude ha informado que el trámite está aún en fase “de comunicación” y que decidirá en las próximas semanas si investiga la demanda de los empleados de la planta de Santa Perpètua.