El riesgo de contradicción en los ERE

El bisturí que ha metido el Tribunal Supremo en la investigación del caso de los ERE tiene riesgos. Los magistrados del alto tribunal han optado por quedarse solo con la investigación que afecta a los cinco aforados en Cortes (los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera) y han remitido indirectamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la parte que afecta a los cuatro aforados autonómicos señalados en la causa (los diputados andaluces Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo). La juez Mercedes Alaya seguirá con el resto de la investigación, que acumula 229 imputados.

El riesgo se basa en que tanto el Tribunal Supremo como el TSJA van a analizar los mismos hechos (si el Gobierno diseñó un sistema para repartir discrecionalmente ayudas a empresas y trabajadores, tesis que defiende la juez Alaya) y la posibilidad de que lleguen a conclusiones contradictorias flota en el aire. “Existe riesgo de resoluciones contradictorias, ciertamente existe”, ilustran fuentes del caso. Eso sí, para que se dé tal contradicción tienen que sucederse antes varios pasos procesales.

Para empezar, Alaya debe ver procedente remitir una exposición razonada al TSJA sobre los cuatro aforados autonómico dado que el Supremo le abrió la puerta a hacerlo al matizar que “el resto del procedimiento deberá continuar ante los órganos competentes”. Es decir, los jueces dejaron en manos de Alaya el envío de los indicios contra los exconsejeros ante el TSJA, una remisión que si no es iniciativa de Alaya, la Fiscalía Anticorrupción podría instar para que se llevara a cabo. A partir de ahí, la rama político-financiera que afecta a los nueve aforados transcurrirá en paralelo entre Madrid y Granada: dos jueces instructores —Alberto Jorge Barreiro en el Supremo y Miguel Pasquau en el TSJA— comenzarán a analizar los indicios que ha identificado Alaya contra la cúpula de la Junta por el sistema de ayudas sociolaborales.

En el Supremo ya se ha producido el paso previo a nombrar el instructor y se remitió la exposición razonada de Alaya a la Fiscalía del Supremo para que se pronunciara. Esta lo hizo aunque sin entrar en el fondo de la cuestión, y matizando que deberá ser el Supremo durante la instrucción el que decida si los indicios recabados por Alaya deben conllevar el procesamiento de los ex altos cargos señalados. Si el asunto salta en paralelo al TSJA, el único magistrado de la Sala de lo Civil y Penal dará traslado a la Fiscalía Superior y esta emitirá previsiblemente un dictamen que instará a que se investigue la causa, en consonancia con la posición de la Fiscalía del Supremo.

Y ahí es donde podrían empezar los problemas, dado que la instrucción de Pasquau podría concluir que existen indicios para actuar contra los exconsejeros, mientras que el Supremo podría hallarlos inconsistentes en materia penal. O al revés. O ambas podrían coincidir a la hora de proseguir con las actuaciones, o para decidir el archivo de las investigaciones. Las posibilidades son de un amplio abanico, pero el riesgo de que finalmente se produzcan dos resoluciones contradictorias en un asunto tan espinoso y central del debate jurídico pero sobre todo en la arena política de la comunidad, están ahí.

De hecho, en el seno del tribunal que preside Lorenzo del Río se han producido sonoras contradicciones en un caso con tanta trascendencia como el del hotel Algarrobico. El Supremo ha establecido que el edificio invade la zona de protección de la costa y está en un área del parque de Cabo de Gata en la que está prohibido construir. Sin embargo, una sala del TSJA ha obviado varias sentencias firmes del Supremo y ha avalado la licencia de obras del polémico hotel impulsado por Azata. Las contradicciones también se han producido dentro del TSJA. Una sala de alto tribunal andaluz ha seguido la línea del Supremo, pero otra ha dictado dos sentencias en la que echa por tierra esta doctrina.

En las hipotéticas investigaciones paralelas que se producirían, la fiscalía debería velar por evitar discrepancias para ofrecer una “respuesta coherente”, explican fuentes del caso.

A priori, las investigaciones no deberían prolongarse excesivamente en el tiempo porque las pruebas necesarias para los instructores no parecen de una complejidad extrema. Ambos instructores oirán a los ex altos cargos aforados y determinarán si su conducta puede ser delictiva, como cree Alaya. Una fuente del caso sostiene que la instrucción en el Supremo y en el TSJA será breve porque las principales pruebas de esta parte del caso ya constan en la causa.